Tras el 18 de octubre de 2019, Chile vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. Las manifestaciones pacíficas inspiradas en legítimas demandas decantaron rápidamente en una ola de violencia que arrasó con barrios enteros, destruyendo miles de pequeños negocios que, hasta ese momento, eran el sustento de millones de chilenos. La magnitud de la devastación fue abrumadora y nosotros, los emprendedores, quedamos atrapados en un torbellino de destrucción, desesperación e incertidumbre.
En ese contexto, resulta incomprensible y profundamente doloroso escuchar las declaraciones de algunos líderes políticos que minimizan el impacto de la violencia que sufrimos los emprendedores. Las palabras de la diputada Maite Orsini, quien en marzo de 2020 lamentó en televisión abierta “la pérdida material y las cositas que perdieron los locatarios”, son un ejemplo indignante de la falta de empatía y comprensión hacia la realidad que vivimos. Lo que ella llama “cositas” son nuestros sueños, ahorros de toda una vida y, en muchos casos, el único sustento de nuestras familias.
Igualmente preocupante fue la reciente afirmación del diputado Gonzalo Winter, quien calificó de “daño marginal” el causado por la violencia del estallido. Estas palabras no solo reflejan una falta de respeto hacia quienes lo perdimos todo, sino también una peligrosa desconexión con la realidad. No hay nada “marginal” en ver cómo nuestra fuente de ingresos es destruida en cuestión de minutos, cómo nuestros trabajadores, amigos y vecinos quedan sin trabajo, y cómo la inseguridad se apodera de las calles donde antes prosperaba la vida comunitaria.
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez se refirió a nosotros como “daño colateral de la insurrección”, perpetuando una narrativa que deshumaniza a quienes hemos sido víctimas de la violencia. Reducir nuestras pérdidas y sufrimientos a un simple efecto secundario de un proceso político, es una afrenta a la dignidad de miles de emprendedores que, con esfuerzo y sacrificio, levantamos nuestros negocios como una forma de contribuir al desarrollo de este país.
Más alarmante aún es la declaración del Presidente Gabriel Boric, quien señaló que recalcar los aspectos violentos del estallido es “caricaturizar” lo sucedido. Esta afirmación no solo desconoce el dolor y el miedo con el que vivimos, sino que además ignora el impacto devastador que la violencia tuvo en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Minimizar la violencia es un acto irresponsable que solo profundiza las heridas de quienes aún luchamos por levantarnos.
Al mismo tiempo, cabe recordar que en 2020, el entonces diputado Gabriel Boric junto a Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez, presentaron un proyecto de ley para indultar a los delincuentes presos por los hechos de violencia del estallido. Estos indultos son un testimonio más de cómo, para algunos, las víctimas de la violencia pasan a un segundo plano mientras que los responsables de destruir nuestras fuentes de trabajo y esperanzas, son defendidos bajo el argumento de que actuaron en un contexto de “lucha social”.
Como emprendedores no pedimos más que justicia y reconocimiento. La violencia que sufrimos no puede ser relativizada ni excusada bajo ninguna circunstancia. Lo que ocurrió en esos días no fue un “daño colateral” ni “marginal”; fue un golpe directo a la médula de nuestra sociedad, que dejó cicatrices profundas en miles de familias trabajadoras y que persisten hasta hoy.
Es hora de que quienes ostentan cargos de poder comprendan el verdadero significado de lo que vivimos. No buscamos venganza, pero sí exigimos que se respete nuestra dignidad y se valore nuestro esfuerzo. La reconstrucción de Chile pasa por reconocer el dolor de las víctimas, aprender de los errores del pasado y trabajar juntos para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde todos, sin excepción, podamos sentirnos seguros y respetados en nuestro propio país.
Por Carlo Siri, emprendedor gastronómico, y Juan Pablo Swett, presidente Multigremial Nacional
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