Columna de Carlos Budnevich y Ángel Soto: Debates, acuerdos y sentido de una reforma tributaria

El reciente rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de reforma tributaria presentado por el actual gobierno, hizo recordar como las discusiones en torno a los cambios en materia de impuestos siempre han sido largas y no exentas de polémicas. Solo mirando desde el siglo XX, la ley de impuesto a la renta aprobada en 1924, fue presentada en 1919 y no fue sino hasta 1921 cuando recién se inició su discusión en la Cámara de Diputados. En plena época parlamentarista, cada uno de los ministros de Hacienda a quienes les tocó defender el proyecto argumentó que el presupuesto de la nación había sido construido contando con los ingresos, aún no aprobados, evidenciando de paso la pésima política de gastarse la plata o prometer algo sin antes tener los recursos. Pero el tema no terminó ahí, con la presión gubernamental para sacar adelante la ley tributaria, comenzaron los argumentos de “aprobemos y luego lo arreglamos”, demostrando que no solo eran malos proyectos, sino la falta de convicción tanto de quienes los presentaron como de quienes los aprobaron. En el caso que comentamos, la ley fue aprobada ese 1924, pero al año siguiente se le hizo una reforma que incorporó el impuesto global complementario, tema de larga discusión en el Congreso.

Las fechas son interesantes: La Ley de impuesto a la renta es de 1924. Avanzando en el siglo, en 1954 se estableció el impuesto a la compraventa, en 1964 hay una nueva reforma, la que a su vez fue modificada por la de 1974/75 y 1984. Curioso que a Bachelet le hayan rechazado su propuesta en el 2014.

El gobierno deberá esperar un año para presentar nuevamente su proyecto, a fin de evitar en el corto plazo una nueva derrota en el Senado, ¿tendremos reforma tributaria el 2024?, año en que además se cumplirán 100 años de la Ley de impuesto a la renta.

Es importante mencionar que en Chile, desde hace varias décadas, hemos avanzado en tener la disciplina que establece que mayores gastos públicos permanentes deben financiarse con nuevos ingresos públicos permanentes. Sin embargo, a ciertos actores políticos aún les falta por balancear bien los objetivos de una reforma tributaria.

No solo se requiere recaudar más como pretende el gobierno actual, sino que acotar la magnitud deseada de mayor recaudación para evitar incrementos excesivos de la carga tributaria que dejen a las personas y empresas poco competitivas y asfixiadas por los impuestos, considerando que desde 1990 a la fecha solo se han aprobado reformas que aumentan la carga tributaria. Además, no solamente se deben soslayar los desincentivos al ahorro y a la inversión que contenía el proyecto rechazado del gobierno, sino también se debe considerar como principio rector de una reforma de esta naturaleza a la eficiencia en el uso de los recursos fiscales y que éstos no generen desincentivos a trabajar, emprender y al esfuerzo personal. Adicionalmente sería muy recomendable que este acuerdo tributario sea acompañado por un acuerdo de estabilidad tributaria de mediano plazo que elimine por muchos años futuros la incertidumbre propia que generan estas reformas, con los consecuentes daños a la inversión y el crecimiento.

Sin duda que el gobierno deberá hacer cambios sustantivos en su proyecto de reforma tributaria para que éste pueda ser política y económicamente viable. Para ello es clave que el gobierno adopte una postura distinta. Debe realmente negociar y ceder para llegar a acuerdos. Esto permitirá que una reforma tributaria ampliamente consensuada perdure en el futuro.

Por Carlos Budnevich y Ángel Soto, académicos Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,

Universidad de los Andes