El mismo día que Karol Cariola renunció a la Cámara de Diputados, tras la divulgación de diálogos personales con fuertes críticas al Presidente, éste confesó que el SAG le quitó una carne fresca. ¿Tienen relación ambos hechos? Por supuesto. Por un lado, se ve una institución que funciona bien como el SAG, que aplica la ley de manera pareja, independiente del rango de quien entra al país, pues entiende que su actuar es beneficioso para todos. Y por el otro, otra institución como el Ministerio Público que con su actuar imprudente pone en riesgo al país completo. Un daño mayor que si hubiese entrado el pedazo de carne que le habían regalado al Presidente en Uruguay.
La incorporación de conversaciones personales de la diputada Cariola y la entonces alcaldesa Hassler, sin ningún tipo de valor para una investigación penal, es un asunto grave. Convierte al Ministerio Público en una especie de policía política que puede husmear en todas las comunicaciones privadas y filtrarlas si implican críticas a la autoridad o pueden causar daño a la honra de la persona. Ya había ocurrido con anterioridad, en conversaciones del ex fiscal Guerra donde se refiere en términos poco respetuosos a autoridades municipales, o a conversaciones íntimas del abogado Hermosilla con otra persona que circularon por las redes. Todas estas llegaron a manos de los fiscales, pues obtuvieron órdenes judiciales legítimas para investigar delitos y a través de ellas accedieron a conversaciones privadas, que no sabemos hasta donde llegan y el uso que le pueden dar.
Este grave hecho no puede ser atribuible en modo alguno a los medios de comunicación, que tienen un rol claro en difundir aquello que consideren de interés público, y por cierto las carpetas que les brindan de manera solícita manos interesadas. Culpar u hostigar a los periodistas, es una manera de eludir las responsabilidades del Ministerio Público y dañar más aún la democracia.
Lo que partió hace un tiempo atrás con varios fiscales al filtrar retazos de los expedientes a cambio de aparecer como héroes en los medios de comunicación, o con fotos atractivas, se ha convertido en un peligro mayor. ¿Si tenemos esa liviandad del Ministerio Público, donde no se ha tomado ninguna medida disciplinaria al respecto, qué garantía tenemos que esa información no llegó a manos del Tren de Aragua u otros lugares con riesgo para la seguridad nacional?
Seguramente se defenderán diciendo que son muchas las manos que tienen acceso a los expedientes, pero eso es un argumento pueril. Muchos fiscales dan acceso a la carpeta a intervinientes privados que tienen agenda política con el solo fin de que puedan filtrar elementos que sean perniciosos, y con ello configurar los estados de ánimo de la opinión pública. La falta de sanciones hace pensar a muchos que el Fiscal Nacional o algunos de sus altos directivos están al tanto de estas prácticas, y las toleran como una manera de manejar el clima interno, o cobrar cuentas personales. Esa desconfianza en una institución fundamental como lo es el Ministerio Público es un daño mayor en la lucha contra el delito, en especial en momentos que tenemos una profunda crisis de seguridad. Era mucho menos perjudicial dejar entrar un trozo de carne fresca, pero por suerte el SAG si conoce su rol institucional.
Por Carlos Correa Bau, ingeniero civil industrial, MBA.
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