La nueva batalla electoral es el voto migrante. Si bien en la constitución chilena desde hace mucho tiempo existe la particularidad que los extranjeros con más de cinco años tienen derecho a voto, se convirtió ahora en un campo de batalla, a raíz de la indicación del gobierno que diferenciaba la multa, aplicándose solo a los ciudadanos, o sea a los votantes chilenos. Debido a que los votos no existieron para aprobar tal indicación, el gobierno presentó un veto insistiendo en tal punto y reponiendo la multa para el voto obligatorio. Para la oposición, rechazar el veto implica que el voto obligatorio quedaría sin multa, quedando en la práctica como voluntario. Como dirían en la Odisea, tiene que elegir entre Escila y Caribdis. Por esa jugada de ajedrez de la Segpres, han optado por desplegarse a los medios, acusando al gobierno de ser antipobres y de ser antimigrantes.
Los extranjeros nunca han sido un espacio atractivo para ninguna campaña electoral, hasta ahora. Aunque tenían derecho a voto, no lo ejercían en gran cantidad debido a que tenían más interés en sus asuntos que en los nacionales. La fuerte inmigración peruana de principios de siglo, motivada por las difíciles condiciones económicas en el norte de dicho país, por los efectos de la Corriente del Niño, no cambió mucho las cosas. Los peruanos se establecieron en la zona central de manera masiva, sin tener una conducta distinta a la de sus connacionales que viven desde finales del siglo XIX en el norte.
¿Qué cambió? La oleada venezolana que se ha vivido en los últimos años, acrecentada como muestran los datos por la visa de responsabilidad democrática, hace pensar a muchos que podría significar un cambio electoral. Varios suponen que dicha oleada vota de manera masiva contra la izquierda, como lo hizo ver Felipe Kast en un tweet. Ven, por tanto, en el intento del gobierno, una operación para quitarles un preciado bolsón de votos. Algo parecido piensa el candidato de Chile Vamos en la comuna de Santiago, al incorporar a Guarequena Gutierrez, autodenominada embajadora de Guaidó a su comando. La apuesta parece sencilla en la campaña, se les dice a los venezolanos que deben votar contra los adláteres de Maduro en esta tierra, con voto obligatorio cautivo. Los problemas locales pasan a segundo plano, y podría darse la paradoja que la inmigración venezolana represente los votos que resuelvan una elección empatada en alguna comuna.
Esa sola insinuación muestra un uso indebido del argumento de la migración para influir en los resultados. Si son esos los cálculos que saca la derecha tendrían razón entonces quienes vieron en la visa de responsabilidad democrática no una política de Estado, sino el intento por tener una base electoral fiel. Por otro lado, la exclusión de ellos por parte del gobierno parece ser un cálculo similar; en especial porque el episodio de Cúcuta ocurrió en febrero de 2019, justo el período de cinco años que establece la ley.
El tema de fondo no debiera ser el bolsón de votos de los venezolanos, sino cual es la solución que fortalece la democracia. Obligar a los extranjeros a votar parece ser una exageración, y por cierto, es una práctica muy poco común en otras democracias, donde ni siquiera tienen derecho a voto los extranjeros. Hoy pueden ser los venezolanos, pero en el futuro puede ser otra oleada que tenga un sello ideológico más corrido a la izquierda, y el problema es exactamente el mismo. Esta es nuestra oportunidad entonces para evitar esa distorsión para siempre.
Por Carlos Correa Bau, ingeniero civil industrial, MBA.
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