El desafío más acuciante que enfrenta el gobierno para recuperar la capacidad de crecimiento de la economía es promover la inversión, en un ambiente de profundos cambios en la política tributaria y de pensiones. Para ello, nada mejor que materializar los anuncios de proyectos impulsados por la actual administración, sea a través de financiamiento público o bien utilizando el sistema de concesiones.
Este año será fundamental asegurar el pleno uso de los recursos públicos destinados a la inversión en el presupuesto nacional y no conformarse con una ejecución menor al 90%. En cuanto a las concesiones, resulta necesario no seguir postergando los llamados a licitación de iniciativas, tal como ocurrió en 2022.
A 30 años del sistema, las concesiones están enfrentado un momento de inflexión importante. De una aproximación inicial del gobierno muy crítica a estas iniciativas, parece ser que hoy existe la visión de que esta forma de emprender por parte del Estado para dotar al país de más y mejor infraestructura, es fundamental para recuperar los niveles de inversión que se requieren. La idea es que la población acceda a mejores servicios y se implemente una cadena logística que sea más expedita.
Al mismo tiempo, hay un sector empresarial maduro que ha demostrado con creces capacidad para enfrentar grandes desafíos. Pero, mirando al futuro, los privados deberán ser mucho más proactivos en proponer soluciones a los problemas de esta industria en su relación con los usuarios -y con sus detractores-, quienes buscan una mayor transparencia en el origen y destino de los recursos.
También es vital una adecuación de las instituciones públicas que constituyen el marco promotor, regulador y fiscalizador para asegurar una evolución positiva en esta área. Contar con más y mejores obras requiere de una mayor dotación de profesionales especialistas en la industria para identificar, diseñar y preparar proyectos de ingeniería; elaborar bases de licitación cada vez más complejas por las necesidades de adaptación de la infraestructura a las demandas de las personas y acompañar a los eventuales adjudicatarios en las relaciones con la comunidad, todo en un marco de crecientes exigencias ambientales.
También se requiere del rol público para una fiscalización cooperativa durante la construcción y un seguimiento a los compromisos adquiridos tras la puesta en marcha de los servicios comprometidos. Y al resolver diferencias, se debe dar la seguridad a los contribuyentes de que los intereses del Estado serán bien representados en la fase de conciliación y -si no hay acuerdo-, en la etapa de arbitraje.
Las concesiones no son una transferencia de responsabilidades al sector privado frente a la comunidad. Deben ser entendidas como una forma de emprender por parte del Estado para resolver las carencias de infraestructura y aumentar la productividad de la economía, con la colaboración de los privados a través del financiamiento. Una industria más compleja demanda de una institucionalidad más potente para cumplir con un objetivo transversal: el desarrollo del país.
Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura
