El desarrollo de proyectos de gran envergadura desde la administración pública requiere de una coordinación entre actores con dependencias diferentes, objetivos distintos -más allá de los comprometidos en un programa de gobierno-, con capacidades y ritmos de ejecución disímiles, lo cual es en extremo complejo.
No hacerlo o hacerlo a medias, como suele suceder, tiene impactos significativos en la productividad del sector público, en particular, en el ámbito de la infraestructura, tal como concluyó un estudio del Consejo Nacional de Productividad, en 2020.
Ante la Agenda de Productividad planteada por el gobierno, como CPI hemos propuesto la creación de una instancia técnica supraministerial (Comisión Asesora de Políticas de Infraestructura Nacional), dependiente del Presidente de la República, con la responsabilidad delegada de planificar la infraestructura nacional a largo plazo. Esta institución, en conjunto con los ministerios, se haría cargo además de definir las fuentes de financiamiento para las obras más relevantes, hacer el seguimiento a las acciones de cada agencia ejecutora y revisar ese plan periódicamente.
Mientras esa instancia se estructura, sería recomendable implementar la figura de los “directores delegados presidenciales” para las inversiones de relevancia nacional, los que deberían ser designados por la máxima autoridad. Nos imaginamos a estos ejecutivos como personas que reciben el mandato y las facultades para alinear a las entidades públicas con el fin de asegurar el éxito de los proyectos a su cargo en plazos razonables. No se trata de saltarse normas u operar con laxitud frente a las exigencias de sustentabilidad, sino de priorizar las obras definidas como fundamentales por los gobiernos.
Esto lo vemos de manera patente en la decisión del ministro de Energía de asumir como propio el proyecto público privado de la línea de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre impulsado por ISA, Transelec y China Southern Power Grid, entre las regiones de Antofagasta y la Metropolitana. Ésta compromete a varios ministerios y requiere de una supervisión estricta del Servicio de Evaluación Ambiental.
Algo similar debería suceder con otras inversiones estratégicas, como ha señalado el propio Presidente Boric: el Puerto de Gran Escala de San Antonio, el nuevo tren Santiago-Valparaíso y la construcción de 260 mil viviendas en un plazo de tres años. Sugerimos incluir a las plantas desalinización que se están evaluando por la vía de Ley de Concesiones del MOP. La urgencia hídrica así lo amerita.
Tal como el caso del sector energético, los ejecutivos a cargo de esos proyectos deberían asumir la coordinación técnica de las entidades vinculadas, la tramitación de los permisos necesarios y la invitación a las comunidades a ser parte de este esfuerzo del Estado. Creemos que solo así será posible alcanzar un rimo de ejecución en proyectos de esta envergadura. El país lo requiere para alcanzar los ritmos de crecimiento necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos.
Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
