El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha anunciado que, dada la escasez de recursos públicos en su país, se echará mano al “modelo chileno” de inversión en infraestructura.
La primera reacción ante esta declaración es la de un gran orgullo por lo alcanzado durante los últimos 30 años y más en Chile en esta área de la economía. No son muchas las ocasiones en que desde Argentina se nos reconoce un mérito y resulta satisfactorio que sea en esta disciplina, la que tanto ha costado validar internamente.
La pregunta es ¿existe un “modelo chileno” de desarrollo de infraestructura? A lo largo de décadas se aprecia que, en general, la gran apuesta que se ha hecho es buscar diferentes formas de asociación entre el sector público y el privado para alcanzar una mejor dotación de infraestructura, lo que ha generado beneficios como el crecimiento económico y una mejor calidad de vida para las personas.
En Chile hemos incursionado en la privatización con estrictas regulaciones -es el caso del sector de las comunicaciones y de la energía-, donde a través de las normas que se dictaron para dar un ordenamiento al sector se consiguieron resultados destacables. También se ha recurrido fórmulas mixtas, como en el caso de los servicios sanitarios, lo que nos ha permitido colocarnos en los primeros lugares a nivel mundial en materia de abastecimiento de agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas en áreas urbanas.
En paralelo, la expansión y operación de los puertos a través de una Ley de Concesiones especiales, ha llevado a que sean de los más eficientes de la región. Junto con ello, la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública ha cambiado en forma radical nuestra infraestructura caminera, aeroportuaria, hospitalaria, carcelaria y de otros servicios de alta valoración social, como el Centro Cultural de la Moneda, el Centro de Justicia y el Movistar Arena.
Un elemento común a estas modalidades para desarrollar infraestructura se refiere a haber asumido como Estado la responsabilidad de proveer a la sociedad de proyectos de inversión necesarios para asegurar su desarrollo, en conjunto con el sector privado. A pesar de las aprensiones, esta visión práctica ha alcanzado un amplio consenso, lo que es valorado.
Una segunda particularidad es la permanencia en el tiempo de estas opciones, asegurando la estabilidad de las relaciones contractuales entre el Estado y los privados por un largo periodo. Para eso se cuenta con un marco normativo que da certeza jurídica.
Al mismo tiempo, para asegurar la disposición a invertir en proyectos con retornos al largo plazo, se cuenta con un mercado financiero con recursos suficientes para ello. De esta forma, si bien se ha invertido menos de lo deseado en la infraestructura, es una condición que asegura la eventual demanda de liquidez que los inversionistas requieren en determinados momentos.
Nuestra Ley de Concesiones -tan discutida internamente-, es un ejemplo claro de los beneficios que ha reportado al país esta visión pragmática y centrada en el propósito que la asociación pública-privada. Así, la inversión materializada a través de esta norma es aproximadamente 10 veces el presupuesto anual del Ministerio de Obras Públicas. Sin estos recursos, hubiéramos tardado más de 20 años en concretar esta infraestructura.
En consecuencia, la referencia del presidente Milei al camino “chileno” que hemos elegido para ponernos a la altura de lo que el desarrollo demanda, es una buena razón para reconocer lo que hemos avanzado y nos incentiva a profundizar nuestros esfuerzos, corrigiendo lo que se requiera para hacer mejor esta tarea.
Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
