Columna de Carlos Escaffi: Perú, cuando la voz del pueblo se hizo escuchar al unísono, “¡Que se vayan todos!”

“Tantas veces va el cántaro al agua que termina rompiéndose”, así reza el viejo aforismo que hoy toma mucha fuerza y representa a millones de peruanos que se agotaron, se hastiaron, se cansaron de seguir siendo invisibilizados. Como dicen coloquialmente en Perú, “se cansaron que los sigan meciendo”. El deterioro de la clase política, una democracia débil, una institucionalidad de la Presidencia de la República frágil, una corrupción enquistada en las esferas más altas del poder, la carencia de cumplimiento de promesas electorales, naturalmente corroyeron las expectativas de peruanos de a pie que dijeron al unísono: “¡Que se vayan todos!”. Una frase que refleja el enojo, rechazo rotundo al Ejecutivo y Legislativo, y, por consiguiente, un inminente adelanto de elecciones, consecuencia de un descontento generalizado.

Los breves 16 meses de la administración del expresidente Pedro Castillo estuvieron marcados por una ola de serias denuncias permanentes que involucraban no solo al exmandatario, sino que también a su círculo de ministros y familiares más cercanos. Por lo demás, la agenda parecía estar enfocada de manera reactiva en contestar a la prensa, desactivar la crisis mediática del día, sumado al permanente conflicto entre poderes Ejecutivo y Legislativo.

Si a lo anterior le sumamos que esa constante de enfrentamiento entre ambos poderes fue permanente durante el último periodo gubernamental donde Perú, tuvo cuatro presidentes en 5 años, es natural que hoy se tenga a un pueblo en condiciones de vulnerabilidad, molesto, agotado, hastiado y principalmente no escuchado.

Lo que observamos hoy es consecuencia de la carencia de sintonía social. No se escuchó al pueblo.

Así las cosas, veíamos el miércoles recién pasado al expresidente Pedro Castillo, preso de la presión social debido a las complejas acusaciones en su contra, entre ellas, seis investigaciones preliminares que mantiene la Fiscalía de la Nación que lo acusarían de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública; leer un escueto mensaje a la Nación en donde decidía cerrar “temporalmente” el Congreso de la República, disponer un Gobierno de Excepción y toque de queda.

Posterior a ese hecho, que fue sintonizado por la opinión pública como un Golpe de Estado, el Congreso decidió adelantar la cuestión de vacancia presidencial, finalmente vacándolo con 101 votos, una cantidad muy superior a los 87 requeridos. En consecuencia y dando paso a la sucesión constitucional, la mesa directiva del Parlamento anunciaba la asunción de la ex primera vicepresidenta de la República, Dina Ercilla Boluarte Zegarra, ex ministra de Pedro Castillo, abogada, 60 años, quien era investida como Presidenta de la República, convocando a la unidad nacional y los grandes acuerdos, solicitando una tregua política, fiscalización y escrutinio para rescatar al Perú de la corrupción y el desgobierno.

Amerita señalar que, Boluarte Zegarra, primera presidenta mujer en la historia republicana del Perú, ha presentado un gabinete de ministros paritario, con una composición no menor de tecnócratas relevantes, aunque sin gravitación política.

Su frágil gobierno no tendrá representatividad política parlamentaria ante el actual Congreso de la República. Su mandato está previsto hasta el fin del actual periodo gubernamental, el cual concluye en julio de 2026. No obstante, y con el fin de garantizar paz social ante el creciente descontento y enérgicas protestas masivas al interior del país, que ya han dejado tristemente un saldo de cuatro fallecidos, heridos, cierre de carreteras en el sur y norte del país, tomas de aeropuertos regionales como el internacional de Arequipa, comisarías y, ahora último, la toma de una importante planta de una empresa láctea, también en Arequipa, la Presidenta Boluarte, ha manifestado su voluntad de impulsar la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.

La figura del adelanto de elecciones es una respuesta al clamor nacional “Que se vayan todos”. No necesariamente su implementación ocurriría en los próximos meses, puesto que el procedimiento establecido obedece a una reforma constitucional que proviene del Congreso, con 87 votos en dos legislaturas, sumado al tiempo necesario que requerirá la autoridad electoral para implementar un proceso de fórmula presidencial y legislativa que a lo menos necesitaría de 12 meses.

El asunto es que, si bien la voluntad de adelantar elecciones está sobre la mesa, el tiempo que se requiere para ello no necesariamente convencería a quienes están detrás de estas protestas, aunque el camino constitucional es el señalado.

Por otro lado, si las protestas se mantienen y el caos se sigue apoderando de la agenda, la única potencial solución estaría en manos de la Presidenta, su renuncia al cargo. De darse ello, se implementaría la sucesión constitucional, es decir, asume la mesa directiva del Congreso y debe convocar a elecciones generales, en ese caso, se podría estar hablando de 6 – 8 meses.

Por lo pronto, el Congreso aprobó el proyecto de ley para levantar prerrogativas de inmunidad contra el expresidente, con 67 votos a favor y 45 en contra. La fiscal de la Nación presentó ante el Parlamento una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Finalmente, hoy los peruanos necesitan certeza, paz social, salir a trabajar sin temores, cuidar sus emprendimientos, que los escuchen, cuidar su modelo económico que resiste los embates de la contingencia política, plazos definidos, empatía, sensibilidad y sintonía social. Pero también, el Estado de Derecho debe primar, tal como lo ha hecho la institucionalidad del país, que ha mostrado su mejor cara de manera consolidada, tanto el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y por consiguiente las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se colocaban al lado del orden constitucional, de los peruanos.

Hoy es momento de unir y escuchar, no de calificar y ningunear, menos restar legitimidad al libre derecho de manifestarse sin violencia.

Carlos Escaffi, es analista internacional, director del think tank Relaxiona Internacional y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.