Vistos los últimos hechos, en Perú cualquier cosa puede pasar. Sumado a una incertidumbre cada vez más latente, ausencia de predictibilidad y un año electoral que recién empieza, claro está, si es que el Congreso de la República en una segunda legislatura -que aún no tiene fecha- vote y, en consecuencia, se activen las directrices para abordar un proceso limpio de adelanto de elecciones propuesto para abril del 2024 y así Dina Boluarte entregue la Presidencia de la República al siguiente gobierno en julio de ese año.
Amerita señalar que la propia Presidenta Boluarte ha denominado a su gobierno de transición.
Si bien Perú, de manera reactiva o proactiva, condujo por cuerdas separadas lo político de lo económico desde fines de los 80, sumado al robusto capítulo económico que mantiene su actual Carta Magna, y vaya que ello le ha entregado resultados positivos por encima de la región en su momento, que han sido objeto de análisis en los cuales se denomina a la economía peruana el milagro económico, se debe también, en gran parte, al manejo excepcional de la política monetaria dirigida por el Banco Central de Reserva del Perú.
No obstante, las perspectivas económicas y de inversión a mediano plazo de Perú se han debilitado como resultado de la volatilidad política en los últimos años, su economía aún sigue avanzado con la fuerza dinámica de una locomotora, que, aunque pretendan pararla, por la misma fuerza de tracción que trae será difícil conseguir su parálisis. De hecho, se espera que el país cierre el 2023 con un crecimiento entre 2,4 y 3%, con una inflación que cerró el 2022 con un 7,8%, mientras que, para el 2023 la tasa de inflación esperada por los agentes económicos se posicione entre 4,1 y 4,5% respectivamente.
En paralelo los vaivenes y el ruido político han sido una constante que cada vez requieren mayor atención por el impacto social que ello ha generado, sumado a una creciente ola social de demandas insatisfechas, expectativas fijadas en candidatos y outsiders políticos que cada vez se diluyen, una vez estos se sientan en sus curules congresales o logran llegar a ocupar la Presidencia de la República.
Pero, ¿por qué protestan? Históricamente, por demandas insatisfechas, ausencia de diálogo que genera impotencia política y esta lleva a la violencia, sumado a la acumulación de descontentos. La inestabilidad permanente genera naturalmente crisis de legitimidad.
Por otro lado, si bien la economía crece, recurro al coloquialismo en donde la sociedad peruana dice que no hay “chorreo”, es decir, no se percibe ello en los hogares más vulnerables.
Hoy quienes se manifiesten de manera legítima, necesitan que se les hable en fácil, en simple, que se les entregue garantías que el adelanto de elecciones va y se requiere para ello seguir el orden constitucional y tiempo, por más escaso que este resulte ahora.
Hay que comunicar, entregar confianza. La explicación a la solicitud de salida de la Presidenta Dina Boluarte obedece a que dicha solicitud representaría el adelanto de elecciones, por tanto, deberá reiterarse tantas veces sea necesario que su gobierno es de transición, y que fue ella, a través del Ejecutivo, en una clara muestra de sintonía social, que presentó ante el Legislativo el proyecto de reforma constitucional para adelanto de elecciones al 2024.
El peruano quiere paz y dignidad social, quiere trabajar, quiere acceso a educación salud y alimentar a los suyos; pero no olvidemos que también requirió, requiere y requerirá ser escuchado oportunamente, no después.
Las personas se movilizan debido a sus percepciones y sus temores. Entonces, no olvidar que comunicación es percepción, como señaló Mc Luhan, “el medio es el mensaje.”
Así las cosas, las duras protestas en Puno dejaron un triste saldo de 18 peruanos fallecidos, entre ellos, un joven miembro de la Policía Nacional del Perú, cuyo deceso llamó la intervención de la Defensoría del Pueblo que condenó “violencia extrema” en la trágica muerte del agente policial, que perdió la vida al ser calcinado, mientras hacía patrullaje.
Finalmente, hoy más que nunca se requiere poner las cosas en su justa proporción, las manifestaciones son legítimas, lo que no lo es, es la desnaturalización de la protesta y menos los actos de extrema violencia manifiesta vistos estos días.
Por Carlos Escaffi, director de Relaxiona Internacional y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú
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