Una mirada superficial al lío migratorio en la frontera entre Chile y Perú, que involucra principalmente a ciudadanos de Venezuela, apuntaría a un impasse de fácil resolución, por tratarse de tres países gobernados por la izquierda. Cuando acercamos el lente, sin embargo, se van haciendo evidentes los matices relevantes en el conflicto. Entre ellos: que el gobierno de Gabriel Boric ha cedido sus originales posiciones progresistas en temas de seguridad pública, otorgando un inédito protagonismo y responsabilidad a las fuerzas militares en asunto de orden interno; que el gobierno de Dina Boluarte traicionó sus orígenes de izquierda provinciana y popular, y ha ejercido represión militar contra sus otrora seguidores, quienes hoy piden su renuncia (al punto de que un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refiere la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes); que Venezuela es una dictadura y cuando el color verde olivo gana protagonismo, empaña cualquier vivacidad de rojo socialista.
A lo anterior se suma el hecho de que la mayoría de países latinoamericanos vive una crisis de seguridad interna, resultado de la ineficacia de las fuerzas del orden para proteger a sus ciudadanos de la delincuencia, los secuestros y otros crímenes. En contextos de inflación y recesión, la inseguridad compite con los problemas económicos en tanto tema de mayor preocupación ciudadana. Incluso, ya se habla de un “efecto Bukele” a nivel continental: electores buscando ansiosamente presidenciables que garanticen administraciones “mano dura”, sin ambages. Hace pocos días, una encuesta de Cadem indicaba que el Presidente salvadoreño es el Mandatario extranjero más admirado en el país; en Argentina, Milei busca parecerse más a Bukele que a sí mismo; en Perú, el alcalde limeño Rafael López-Aliaga convoca a la clase política a articular un “Plan Bukele” (sic) para luchar contra el crimen. La derechita “menos cobarde” (y más autoritaria) se frota las manos, aunque del dicho a la urna hay mucho trecho.
Sin lugar a dudas, la crisis migratoria en la frontera Chile-Perú tiene muchas aristas e involucra flaquezas que sendos gobiernos comparten: administraciones amateurs e ineficientes gestiones de la seguridad pública, incluyendo los malestares ciudadanos correspondientes. Voluntaria o involuntariamente, es este un tema de fácil politización, capaz de atisbar valores y remover sentimientos bastante extendidos en nuestras sociedades, los que pueden tener traducción política sin mucha elaboración. Independientemente del perfil ideológico de los gobiernos involucrados, se está preparando un coctel que no les beneficia: la combinación de discriminación social, reflejos xenofóbicos y antichavismo, no necesariamente va a ser representada por ellos mismos. Hasta podríamos decir que, en esta política del “nadie sabe para quién trabaja”, están produciendo el perfil justificativo para un opositor. Porque ante la opinión pública, estos “incumbentes” han fracasado en la materia y los líos fronterizos son un recordatorio.
Estamos, obviamente, ante un problema humanitario internacional, cuya repercusión en la política doméstica es nociva, porque fermenta un electorado “mano dura”. No hay Bukele sin bukelistas.
Por Carlos Meléndez, académico UDP y COES
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