La seguidilla de cerca de 20 asesinatos en tres días generó conmoción. Sana reacción. Hay dos tipos de conductas que es fundamental desterrar. La primera, la naturalización de estos hechos bajo el argumento de que no hay mucho que hacer, que somos finalmente parte de América Latína el continente más violento del planeta. Así, en un gran país como México se cometen 90 asesinatos al día y ya nadie se inmuta, ni siquiera aparecen en las noticias. La otra, la reacción en caliente, proponiendo medidas efectistas, buenas para sacar aplausos de las galerías, pero en general de probada inutilidad.
Frente a la propuesta de decretar Estado de Sitio, el Presidente Boric ha reaccionado con prudencia afirmando que no descarta el uso de ninguna herramienta constitucional. El Estado de Sitio se declara en condiciones de guerras internas o grave conmoción interior. Permite afectar el derecho de reunión, sacar militares a la calle y detener fuera de los recintos carcelarios.
No es una decisión que deba tomarse de manera unilateral y por mayoría simple en el Congreso. Por el contrario, es la típica decisión que debe adoptarse en el marco de una política de Estado, precedida por un amplio debate y respaldada por una sólida mayoría.
El Estado de Sitio no es una bala de plata que acabará con la inseguridad. En un primer momento puede tener un efecto disuasivo, pero cuando se transforma en rutina su eficacia disminuye. Es por lo demás archisabido que la exposición de los militares al enfrentamiento directo a la delincuencia no es solución y acarrea graves problemas adicionales.
No basta con medidas puntuales. Se requiere un enfoque integral. Por de pronto, el mundo progresista debe perder todo complejo y asumir la necesidad de una mano firme y justa. Es necesario entender que la nueva criminalidad adopta nuevas formas actuando en un sinnúmero de mercados ilícitos que no se reducen al narcotráfico. Hay que capacitar a las polícias dotándolas de todos los medios necesarios. Se requiere una inteligencia que penetre a las bandas delictuales y permita anticipar y prevenir acciones criminales. Asimismo, el sistema penitenciario debe ser objeto de una reforma profunda que impida que las cárceles continúen operando como centros de dirección de la delincuencia. En fin, los códigos de procedimiento penal y los tribunales de justicia deben adecuarse a los nuevos retos que plantea el crimen organizado.
Lo peor que puede hacer un país es transformar la cuestión de la inseguridad en combustible de la guerrilla política. Los pedidos de renuncias, las amenazas de acusaciones constitucionales solo agravarán el problema. Es evidente que el gobierno necesita en este plano el acuerdo con la oposición, pero ésta necesita también mostrar que tiene sentido de Estado y no olvidar que sus actuaciones hoy día están fijando los estándares opositores del mañana. Chile necesita con urgencia romper el ciclo de las alternancias destructivas en el cual vamos a cumplir veinte años. Un acuerdo nacional para enfrentar la inseguridad debiera ser el punto de partida de un nuevo ciclo.
Por Carlos Ominami, presidente de la Fundación Chile21
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