La inseguridad está a la orden del día en nuestros países. Ninguna de las grandes e incluso no tan grandes ciudades de América Latina escapa a este flagelo. En la mayoría de ellas la seguridad se ha constituido en la principal exigencia ciudadana.
El crimen organizado es en la actualidad el enemigo número uno de la sociedad. Su accionar altera la convivencia, distorsiona los valores y pone en definitiva en riesgo la propia democracia. Las crisis de seguridad causan a su vez estragos en las fuerzas progresistas. La explicación remite a una cuestión de fondo. Históricamente el progresismo ha concentrado su acción en el plano social. El Estado de Bienestar constituye la expresión sintética de sus propuestas. Ellas abarcan muchas dimensiones: pensiones, salud, educación, vivienda y más recientemente lo relativo a la economía del cuidado con énfasis en la niñez y la tercera edad.
La seguridad no se incluye entre ellas. Identificada con la represión, la mano dura y las fuerzas policiales, desde el progresismo siempre se la miró con distancia e incluso sospecha. Esto les ha facilitado a las derechas la tarea de transformarla en un cuasi monopolio altamente rentable electoralmente.
A los gobiernos y autoridades de orientación progresista se les acusa, a menudo con razón, de adherir y practicar el “buenismo” en materia de tratamiento a la delincuencia. La imagen del “pobre que roba por hambre” ha sido central en el imaginario progresista. A los delincuentes se les considera más bien como víctimas del sistema que merecen conmiseración.
Las cosas han cambiado mucho. En la actualidad se roba o se mata más por estatus que por hambre. No se delinque para paliar los efectos de la pobreza, sino para enriquecerse rápidamente. Los pobres que son utilizados como “soldados” responden también a esa motivación. La delincuencia se mueve por valores que se sitúan en las antípodas del progresismo. No promueve el trabajo y el esfuerzo, sino la ganancia fácil mediante el narcotráfico, los asaltos, los secuestros, las extorsiones y el sicariato. El núcleo central de la delincuencia es el resultado perverso de la exaltación del lujo y del dinero como símbolos de éxito y prestigio.
La definición de Estado de Bienestar acorde con la amenaza del crimen organizado debe hacer de la seguridad una dimensión central. Hay que integrar orgánicamente la seguridad a una versión actualizada del catálogo de derechos sociales. El progresismo tiene que deshacerse de todo complejo al respecto. No se trata de pasarse al campo de los partidarios de la mano dura al estilo de Bukele, que proviniendo de la izquierda busca resultados atentando en contra de DD.HH. básicos. Hay que cambiar el switch asignándole a la seguridad la alta prioridad que le corresponde. No es cuestión de mano dura, se trata más bien de construir un nuevo enfoque que respalde la acción de una mano justa y firme.
Por Carlos Ominami, economista
