La Convención Constitucional propuso un texto que mezcló reivindicaciones legítimas con propuestas extravagantes. Con razón el sociólogo Manuel Canales afirmó que no es que se “haya pasado un par de pueblos, sino que se equivocó de pueblo”. La Convención fue ciega y soberbia. Hubiera bastado una pequeña dosis de humildad para consultar al ciudadano(a) de a pie qué pensaba, por ejemplo, de la “plurinacionalidad” para advertir que se caminaba derecho al precipicio.
Los partidos han asumido la responsabilidad de organizar el “segundo tiempo constitucional”. En buena hora. La discusión se ha centrado en los llamados “bordes”. Es razonable establecer un conjunto de principios que enmarquen el debate. Cuidado, sin embargo, con bordes tan amplios que terminen, como lo dijo el constitucionalista Gastón Gómez, reduciendo el esfuerzo a una “reforma y no a una nueva Constitución”.
Los partidos deben recuperar el papel primordial que le corresponde en una democracia representativa. Comparto también la convocatoria a expertos de variadas disciplinas para sistematizar el rico material existente y no partir de cero.
Falta sin embargo un tercer componente: el pueblo, la ciudadanía, la gente, la señora Juanita.
Una Convención elegida en listas partidarias cerradas es razonable en un país con un sistema político prestigiado. No es el caso de Chile. Un texto propuesto por una Convención esencialmente partidaria asesorada por un grupo de expertos corre el peligro de un nuevo rechazo de parte de ciudadanos hastiados o incrédulos de la política. Es como poner la pelota en el punto penal para que los adversarios de una salida institucional marquen el tanto.
En los últimos años la democracia deliberativa se ha venido abriendo paso en el mundo. Hay mucho que aprender de Islandia, Irlanda y Francia con su reciente Convención Ciudadana por el Clima. Asimismo, los jurados ciudadanos que en los EE.UU. resuelven finalmente sobre la vida y la muerte de las personas constituyen otra experiencia a considerar.
Concretamente, junto a la Convención, que es la que en definitiva dirime, y el grupo de expertos debiera existir un Consejo Ciudadano que se pronuncie a requerimiento de la primera sobre las materias que se sometan a su consideración. La única manera para que este Consejo pueda expresar fielmente el sentir del ciudadano común y corriente es la selección aleatoria. Así como el Servel selecciona vocales de mesa, es posible construir una representación ciudadana que sea un verdadero espejo de la sociedad en cuanto a género, edad, ubicación geográfica, profesión, nivel de estudios, etc. Existen en la actualidad las técnicas que permitirían organizar una deliberación online previa a las votaciones del grupo de representantes electos. Así, se puede asegurar que el texto que se someta a un nuevo plebiscito de salida cuente con un alto nivel de respaldo y esté dotado de un atributo esencial: la legitimidad.
Por Carlos Ominami, economista
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