Columna de Carlos Rojas y Juan Pablo Ramaciotti: Trata de personas en Chile, la urgencia de hacerse cargo

Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de niños y niñas y con fines de trabajo forzoso, así como la criminalidad forzada, están aumentando a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación en América Latina. El Informe registra un aumento del 25% en el número de víctimas de trata detectadas en el mundo en 2022, en comparación con cifras anteriores a la pandemia de 2019. Entre 2019 y 2022, el número de víctimas detectadas en el mundo por trata con fines de trabajo forzoso aumentó un 47%.

En Chile esta es una problematica que ha incrementado de manera preocupante durante los últimos años: en la última década, los casos de trata de personas identificados por el Ministerio Público aumentaron en más de un 600% y, entre 2011 y 2023, la fiscalía identificó 653 víctimas de trata de personas, de las cuales un 70% son mujeres.

Pese a lo anterior, es importante destacar que el Estado de Chile ha dado pasos importantes en la lucha contra la trata de personas: en el año 2003 se suscribió el Protocolo de Palermo, que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas; en 2008 se creó la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas; en 2011 se publicó la Ley 20.507 que tipifica la trata como un delito penal, y un año después, en 2012, se creó la Brigada Investigadora sobre Trata de Personas de la PDI.

Pese a los avances, hay brechas significativas. Una reciente investigación del Centro de Políticas Migratorias y la Fundación Madre Josefa identifica desafíos claves en las políticas de prevención, protección y persecución en materia de trata de personas. En primer lugar, la Mesa Intersectorial carece de recursos y potestades que le permitan llevar a cabo acciones que generen un impacto significativo. Segundo, existe un amplio desconocimiento por parte de funcionarios públicos y la población en general sobre el delito de trata de personas y las acciones a seguir ante posibles casos de explotación. Tercero, la infraestructura para acoger y proteger a víctimas de trata es insuficiente, especialmente cuando estas víctimas son niños o niñas. Cuarto, hace falta reforzar la formación en materia de trata de personas para funcionarios del Poder Judicial, con foco en una comprensión integral de las dinámicas que rodean este delito. Finalmente, ha habido ausencia de acciones comunicacionales unificadas y fortalecidas de suficiente impacto para informar y alertar sobre la trata de personas en el país.

En el año 2023 el Ministerio Público identificó 113 personas víctimas de trata sexual y laboral en Chile, el mayor registro desde que la trata de personas fue tipificada como delito. En el mismo período, se condenó a 42 personas por cometer dicho delito. Ante un escenario así de preocupante, es fundamental avanzar en el fortalecimiento de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, impulsar campañas nacionales para sensibilizar e informar sobre el delito, implementar planes de formación para funcionarios públicos, habilitar y reforzar centros de acogida para víctimas y reforzar la legislación en lo que respecta al trabajo forzado, sumado a apoyo a organizaciones pro migrantes que apoyan a miles de personas que son afectadas por este delito en Chile.

Durante la década pasada Chile avanzó de manera significativa en la prevención, protección y persecución de la trata de personas. Sin embargo, hoy nos encontramos en un escenario más complejo y desafiante, al que hay que adaptarse y reaccionar de manera decidida. Para eso se requieren compromisos en torno a recursos financieros, políticas más efectivas y la participación de toda la sociedad chilena para proteger a las víctimas de explotación y evitar que esta realidad se siga expandiendo en nuestro país.

Por Carlos Rojas, encargado nacional de Planificación y Proyectos de Fundación Madre Josefa, y Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias