Junto con las reflexiones del fin de verano, el retorno a las clases y trabajos, se retoma también el debate constitucional. Este se enmarca en un contexto preocupante respecto a la valoración de la democracia, en el que cae su apoyo y ya un cuarto de la ciudadanía considera que da lo mismo un gobierno autoritario a uno democrático (CEP, 2022). La confianza en sus instituciones claves es bajísima, y lo ha sido ya por más de una década.
Como todo fenómeno complejo, tiene muchas causas y la falta de respuesta del sistema político a las demandas de la ciudadanía juega un rol fundamental. Conflictos entre presidente y congreso dificultan el avance de la legislación, y reformas claves se entrampan. Por tanto, dentro de los temas pendientes es clave un buen diseño constitucional que genere incentivos a la cooperación para asegurar gobernabilidad. Esta no solo depende del sistema de gobierno, sino también del sistema de partidos: una excesiva fragmentación en el Congreso dificulta llegar a acuerdos.
Pero si para la gobernabilidad es importante contar con un número reducido de partidos en el Congreso, la representación –otro principio fundamental para la democracia- requiere que la pluralidad de visiones esté representada en forma proporcional a su distribución en la ciudadanía.
Y en esto, el sistema electoral juega un rol decisivo. Desde el clásico trabajo del politólogo Duverger, se reconoce la asociación entre número de escaños elegidos por distrito y el número de partidos. Pero en Chile no solo hay muchos partidos en el Congreso; los que hay muchas veces no se comportan como un actor colectivo. La regulación a los partidos juega aquí un importante rol, pero también, los incentivos generados por la personalización del voto. Y en política electoral, a diferencia de la fábula de las abejas, donde buscar el beneficio propio genera beneficios a todos, lo que es bueno para aumentar las posibilidades de reelección individual no necesariamente es bueno para el colectivo. Se internalizan los beneficios de corto plazo (popularidad, reelección), pero no la responsabilidad por sus efectos, y los costos en términos de bloqueos o malas políticas, los paga toda la ciudadanía.
Esto también perjudica el vínculo representativo de las personas con los partidos en base a ideas o principios. Si, por ejemplo, dentro de lineamientos de un partido está la responsabilidad fiscal y uno o más diputados apoyan gastos irresponsables, ¿cómo pueden las personas pensar que el partido les representa?
La gobernabilidad y representación dependen del diseño del sistema de gobierno, del sistema electoral y de la regulación de los partidos. Por ello, es de gran valor verlos reconocidos explícitamente en los lineamientos del oficialismo. Pero estos principios fundamentales para la democracia también demandan comprender la institucionalidad como un sistema de engranajes que, para que funcione bien, cada pieza no solo debe ser bien diseñada y ser resistente, sino que debe encajar con las demás para hacer girar el mecanismo. Aun cuando no todo lo expuesto anteriormente deba incluirse en la Constitución, es fundamental que se reconozca la interrelación entre estos tres elementos, y que no se diseñen o piensen por separado. Quizás el mayor riesgo ahora no es, como dijo alguien por ahí, que una comisión o consejo termine con un camello cuando en realidad quiera diseñar un caballo, sino más bien, que diseñe muy bien el caballo, pero para que recorra el desierto.
Por Carmen Le Foulon, investigadora CEP
