Columna de Carmen Le Foulon: Reflexiones sobre restricción al voto de extranjeros

Es fundamental cuidar la confianza en las elecciones y, por extensión, en los resultados electorales, que afortunadamente en Chile, sigue siendo alta. Por eso, es preocupante la apertura del debate sobre el derecho a voto a extranjeros a raíz de las indicaciones presentadas por el gobierno al proyecto que define la multa a quienes no concurran a votar. Recordemos que en Chile pueden votar en todas las elecciones los extranjeros con residencia temporal hace 5 años o más. Un primer elemento fundamental es el momento elegido. Es legítimo abrir la deliberación al respecto, pero no parece razonable hacerlo a meses de la elección presidencial y parlamentaria.

Por una parte, existe la creencia que los extranjeros, sobre todo, de la reciente ola, son más proclives a derecha, o al menos, a rechazar las ideas de izquierda. Independientemente de si esta percepción es válida o no, siembra un manto de sospecha sobre este cambio entre buena parte del electorado, y abre la puerta para acusaciones de manipulación electoral. Y de prosperar, quizás incluso puedan surgir voces que cuestionen la legitimidad de los resultados. A esto se suma el ambiente cada vez más enrarecido, donde urge cuidar los argumentos y evitar caer en invocaciones nacionalistas y que cuestionen, implícitamente, los resultados, pero ahora desde la otra vereda. Si autoridades oficialistas usan frases como “el país no ha dicho que son los que tienen que definir el destino de nuestra patria”, “terminar con cualquier distorsión en nuestro sistema electoral” o levantan la criminalidad de los inmigrantes (“una persona con prontuario criminal… decidir el futuro de nuestro país”), ¿se imaginan los argumentos ahora de quienes siempre rechazaron la inmigración?

En segundo lugar, y no menos importante, es el fondo, que tiene diferentes dimensiones: si los extranjeros tienen o no derecho a voto, qué grupo (tipo de residencia y tiempo), en qué tipo de elecciones (nacionales o locales), y qué condiciones (las mismas o adicionales a las de los ciudadanos). Si bien Chile es bastante excepcional al respecto en la experiencia comparada, esto debe sopesarse con la historia y tradición chilena, así como con el tiempo necesario para ajustarse. Si quienes quieran seguir votando para elecciones presidenciales deben nacionalizarse, es fundamental que se consideren los plazos reales que se dan en Chile para que lo hagan. No puede ocurrir que, por limitaciones de la capacidad administrativa, se vean imposibilitados de votar quienes siempre lo han hecho. Otra discusión, es si teniendo derecho a voto, este es voluntario u obligatorio, y si siendo obligatorio se le exime o no de multas. Baste decir que liberar a un grupo de una sanción por no ejercer un deber democrático puede ser una forma de marginarlo de ese deber.

Pero quizás la indicación más llamativa es la que impone una condición adicional: para cada elección, los extranjeros tienen que presentar ante el Servel un certificado de antecedentes de su país de origen de no más de 30 días de antigüedad. Sabemos que mayores requisitos de facto limitan el derecho a voto. Pero, además, no se entiende el sentido: ya se les exigió al hacer el trámite de residencia, y desde entonces residen en Chile – al menos por los últimos 5 años. Además, al justificarla, se usan argumentos como los mencionados arriba, que azuzan el fantasma de la asociación delictual de quienes tienen el derecho a voto en Chile.

Así, todo apunta a la prudencia de no introducir esta discusión en plena campaña presidencial. Si a eso le sumamos la urgente necesidad de una reforma al sistema político, tampoco parece razonable desviar las energías y recursos –todos bienes escasos– a este tema, que alienta los discursos xenófobos y puede terminar socavando la confianza, al menos en ciertos grupos, en los resultados electorales, uno de los puntos fuertes de nuestra democracia.

Por Carmen Le Foulon, académica Escuela de Gobierno UAI