Vemos con preocupación el debate que se ha generado a raíz del proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP). En su discusión, que avanza hacia la recta final, se ha planteado una permisividad, incluso con perspectiva de futuro, que va en sentido totalmente contrario al espíritu del proyecto: la compatibilidad de la salmonicultura con las áreas protegidas.
Las áreas protegidas fueron creadas para ser protegidas. La producción industrial con especies exóticas no es compatible con la conservación de los ecosistemas de la Patagonia. Mantener las áreas protegidas libres de amenazas es una responsabilidad del Estado de Chile. Retroceder en su protección vulnera la Convención de Washington, el principio de no regresión y el espíritu de la ley de cada uno de los decretos que declaran las áreas protegidas como tales. Mantener los límites claros entre las áreas protegidas y las actividades productivas es precisamente lo que permite la protección efectiva de la naturaleza.
Las áreas protegidas son un aporte concreto a la economía, la educación, la investigación, el patrimonio cultural de cada localidad aledaña. El país se posiciona en todo el mundo por su patrimonio natural y cultural, con especial atención en lo que significa la Patagonia chilena. El turismo como consecuencia de la conservación produce un encadenamiento productivo que dinamiza la economía todos los años. Según un informe del Banco Mundial, por cada dólar invertido en áreas protegidas y en apoyo del turismo basado en la naturaleza, el retorno económico es al menos seis veces superior a la inversión. Por tanto, las áreas protegidas representan una oportunidad concreta de desarrollo para el presente y el futuro.
Chile ha mantenido como política de Estado el aumento de este tipo de áreas. Si bien queda mucho por avanzar, es evidente la voluntad de los distintos gobiernos de poner en valor la oportunidad que representan para el país. Permitir que se vulnere el impacto positivo que tienen las áreas protegidas, favoreciendo que las concesiones acuícolas se mantengan, incluso como opción de futuro para el sector, implica un retroceso para la visión de conservación que Chile, como política de Estado, ha adoptado.
En el debate normativo en su conjunto, más allá del proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, debe primar la relación manifiesta que tiene el país y su compromiso consecuente con la protección del medioambiente. La alternativa imposible de compatibilizar las actividades industriales con la conservación no puede ser al costo de perder lo que el país ha avanzado en materia de conservación. Las áreas protegidas son patrimonio de todos los chilenos.
Por Carolina Morgado, directora ejecutiva de Rewilding Chile
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