Mucho se ha hablado sobre inversión pública, desarrollo país y la necesaria modernización del Consejo de Monumentos Nacionales. Para abordar esta conversación es fundamental considerar tres elementos: no existe dicotomía entre inversión y protección patrimonial, nuestra tarea como Estado es realizar ambas con una institucionalidad de alto estándar. Segundo, se está ejecutando una agenda de trabajo para superar los actuales problemas del Consejo. Y, por último, una buena noticia: hay amplio consenso entre actores políticos y sociales para avanzar hacia una nueva y moderna institucionalidad patrimonial.
Tenemos alto compromiso con la inversión y lo hemos demostrado coordinándonos con distintas carteras para acelerar procesos. La Oficina de Grandes Proyectos (Minecon) nos relevó 82 casos: 62 ya tienen permiso tramitado, cinco ejecutan acuerdos, tres se revisan en la próxima sesión y 12 están en evaluación. También, firmamos convenio con la Secretaría de Modernización (M.Hacienda), para eficientar procesos y reducir brechas de gestión.
Y con gestión interna hemos buscado dar solución efectiva a distintas necesidades, por medio de diferentes instrumentos, como son el Reglamento de Excavaciones y el Protocolo de Sala, para reducir tiempos y aumentar certezas para todas las partes interesadas.
Estamos avanzando hacia la nueva legislación patrimonial, que no se concretó en los gobiernos anteriores, ejecutando los procesos de Consulta Previa Indígena y Tribal Afrodescendiente y Ciudadana, con alta participación y en todo Chile, lo que permitirá contar con gran base de consenso para avanzar en institucionalidad, descentralización y protección patrimonial. Además, junto al Congreso hemos apoyado la iniciativa del Legislativo que busca garantizar la probidad y transparencia del órgano colegiado, fundamentales en estos tiempos.
Resolver todo el asunto, y hacerlo con la rapidez requerida, necesita un proyecto presupuestario 2024 como el presentado, con énfasis en los profesionales de la Secretaría Técnica que participan en los procesos y revisiones asociadas y/o afectos al régimen de autorización de la ley 17.288. Esto puede implicar, entre otras cosas, no quedar con concursos profesionales desiertos y poder contar al menos con una profesional arqueóloga/o por región, o reducir la actual fuga de profesionales altamente calificados.
Todo esto lo hemos abordado integral e intersectorialmente, desarrollando numerosas acciones en simultáneo y atacando las diversas problemáticas como no se había hecho antes. Lo hemos hecho con absoluta conciencia del trabajo que llevan las funcionarias/os de la Secretaría Técnica, a quienes agradezco enormemente por su permanente compromiso y convicción.
Proteger nuestros patrimonios no es ni puede ser obstáculo para el desarrollo, porque robustecer la institucionalidad asociada a su salvaguardia se relaciona directamente con el desarrollo económico, social y humano. Por lo mismo, seguiremos trabajando, conscientes de la importante responsabilidad que tenemos en nuestras manos.
Por Carolina Pérez Dattari, subsecretaria de Patrimonio Cultural
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