Entender que no existe un verdadero desarrollo si este no es sustentable, es esencial para proteger el medio ambiente y continuar la lucha contra la crisis climática. Hoy, la sostenibilidad tiene una evidente centralidad no solo en lo público, sino también en las decisiones financieras que se toman. No existe sector ni industria que no se vea afectada por el cambio climático y la urgente transición a la sustentabilidad.
En Chile, nuestro enorme capital natural y el haber impulsado una agenda ambiental y climática como política de Estado, nos ha permitido liderar esta transformación. Fortalecer nuestra institucionalidad medioambiental ha sido uno de los elementos fundamentales y objetivo central de nuestra gestión en este ámbito durante los últimos años.
En el gobierno del Presidente Piñera logramos importantes avances con la implementación de la Ley de responsabilidad extendida del productor (REP), la Ley de plásticos de un solo uso, la Ley marco de cambio climático -que logramos aprobar con ayuda de todos los sectores-, la estrategia climática de largo plazo y en la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, aprobada por el Senado y la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara, y que ahora continúa su impulso con la actual administración y está en su tercer trámite legislativo.
Sin embargo, para seguir impulsando una transición a un desarrollo sustentable requerimos de inversiones, las que hoy se están viendo afectadas por una incertidumbre jurídica generada en los propios procesos de evaluación ambiental. Por esto es que el proyecto de ley que busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) adquiere máxima urgencia.
Para atraer inversión es clave que el SEA dé certezas para evaluar y determinar la compensación y mitigación del impacto ambiental de cada iniciativa. Pero si a procesos ya largos y en sí engorrosos de tramitación, sumamos la incertidumbre jurídica que genera que en la evaluación se vote políticamente en contra de las recomendaciones técnicas de los propios organismos competentes del Estado, será muy difícil tener la confianza necesaria para proyectos de inversión en Chile. Digámoslo claramente: el desarrollo sostenible necesita de crecimiento económico, con equidad social y cuidado ambiental. Y para ello se necesita inversión.
El propio gobierno del Presidente Boric se comprometió a ordenar su gestión en torno a los pronunciamientos técnicos del SEA. Sin embargo, en la votación del proyecto Ciclo de la empresa francesa Séché, se volvió a evidenciar la politización de las decisiones de evaluación, votando en contra de la recomendación del organismo. Con esto no solo es el gobierno el que erosiona su credibilidad frente a la inversión (extranjera en este caso), sino que termina lesionando gravemente nuestra posibilidad de alcanzar el desarrollo sustentable, con una institucionalidad debilitada, carente de certeza y predictibilidad en sus decisiones, elemento central para la urgente transformación a la sostenibilidad que requerimos.
Por Carolina Schmidt, exministra de Medio Ambiente
