El actual verano del hemisferio norte, así como el invierno austral, se han caracterizado por las altísimas temperaturas. Se han registrados cifras récord en todo el planeta, desde las planicies del desierto de Gobi hasta la Cordillera de los Andes, desde el convulso Sahel africano hasta el Océano Austral. Julio de 2023 fue el periodo más caluroso desde que se tiene registro y, probablemente, el más cálido desde hace 120 mil años. Bienvenidos a la era de la “ebullición global”.
Desde la mirada científica, la solución es clara: se debe detener la quema de combustibles fósiles. Desde la mirada política, también. Se requiere de un trabajo mancomunado, pero especialmente, del compromiso efectivo de los mayores emisores de gases efecto invernadero: China, EE.UU., India, Rusia, UE. Sin embargo, en una nueva era de confrontación global y rediseño de alianzas, existen escasos incentivos para la cooperación multilateral, área en las que los acuerdos climáticos son frustrantes. Por ejemplo, estas semanas, se celebraron importantes reuniones incluyendo la cita anual de los ministros de RR.EE. de los Brics, la Cumbre Rusia-África y la reunión de ministros de medio ambiente del G20. En ninguno de estos eventos hubo compromisos sustantivos para limitar la utilización de gas, petróleo o carbón.
Visto que la cooperación climática no ha dado resultados, los esfuerzos se han volcado hacia escenarios distintos. La asimilación de la crisis climática a una crisis de derechos humanos y el aumento de la litigación ambiental. En el área de los derechos humanos, en 2022 se aprobó una resolución emblemática de la Asamblea General de la ONU reconociendo el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sustentable como un derecho humano y haciendo un llamamiento a la plena implementación de tratados ambientales. Esta resolución fue precedida de una serie de declaraciones del Consejo de DD.HH. en que se buscó clarificar cómo los derechos humanos se ven afectados, en específico, por el cambio climático.
Desde la perspectiva de la litigación ambiental, se observa una cada vez mayor judicialización. El último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente da cuenta que, a diciembre de 2022, existen más de dos mil “casos climáticos”, en 65 jurisdicciones, incluyendo tribunales nacionales e internacionales, órganos semijudiciales dependientes de organizaciones internacionales, así como tribunales arbitrales.
Ante este escenario, países como Chile enfrentan difíciles disyuntivas. Somos responsables de un escaso 0,23% del total de las emisiones globales, pero hemos asumido activamente compromisos reales en carbono neutralidad. Carecemos de capacidad para lograr que los grandes emisores detengan el uso indiscriminado de combustibles, pero a la vez, nos vemos severamente afectados por los efectos multidimensionales de la crisis climática. Todo ello, ante un panorama en que se proyecta que los litigios climáticos contra los gobiernos seguirán en aumento, más si se empiezan a abordar desde una perspectiva de vulneración de derechos humanos.
Por Carolina Valdivia, abogada, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores y coagente ante la CIJ
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