La semana pasada se llevó a cabo en Santiago la tercera reunión especial de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (“CCMLAR”). Este órgano tiene por misión resguardar la flora y fauna del continente blanco, mediante la adopción de medidas de conservación en el océano austral. En consonancia con los demás instrumentos de la gobernanza antártica, las acciones de la CCMLAR se sustentan en la cooperación pacífica y en el intercambio de conocimiento científico.
Uno de los objetivos de la reunión de la CCMLAR fue insistir en la propuesta chileno-argentina para la creación de un área marina protegida en aguas localizadas entre el oeste de la Península Antártica y el Sur del Arco de Escocia. Este proyecto ha venido siendo trabajado por los Institutos Antárticos Chileno y Argentino desde 2012, en una destacable muestra de cooperación científica binacional.
La zona que busca proteger esta área marina tiene dos características determinantes. Es la región que concentra el 75% de la población de krill, componente clave del ecosistema y, a su vez, es uno de los espacios más afectados por la agresiva alza de temperaturas causada por el cambio climático. El derretimiento de los hielos ha provocado el adelgazamiento de la capa del continente antártico lo que ha impactado en la reproducción del krill poniendo en riesgo la subsistencia de cientos de especies marinas. La propuesta chileno-argentina busca proteger el medioambiente de la Península mediante la fijación de un área donde la pesca comercial del krill estaría prohibida. Además, se uniría a las áreas que ya gozan de este estatus en las Islas del Sur de Orkney y en el Mar de Ross, en un avance colectivo hacia el uso sustentable de los recursos.
La creación de esta área de protección marina cuenta con amplia evidencia y respaldo científico internacional, con el soporte de los siete países reclamantes de la Antártica, así como el endoso de los países miembros del G-7. Pero lamentablemente, en la reunión de la CCMLAR de Santiago, la propuesta fue bloqueada por las delegaciones de China y de Rusia, tal como ha venido ocurriendo desde 2017.
Los motivos del bloqueo de China y Rusia han sido generalmente vagos, fundados en que la información científica disponible no justificaría la creación de nuevas áreas marinas protegidas. Sin embargo, no es descartable que esos argumentos disimulen un creciente interés en la expansión de las pesquerías antárticas, así como en otras oportunidades económicas en el océano austral.
El cambio climático, la protección de la biodiversidad, la conservación de recursos pesqueros, y especialmente, los intereses geopolíticos chilenos, hacen que el establecimiento de esta área marina protegida sea prioritaria para la seguridad futura de nuestro país. Nuestros más de 50 años de amistad con China nos exigen sostener un diálogo político franco que nos permita transmitir la relevancia de nuestras acciones en política exterior y defender nuestros legítimos intereses soberanos. La Península Antártica, incluida.
Por Carolina Valdivia, investigadora CEP y consejera del CEIUC
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