Mi carrera en política exterior ha estado marcada por la relación Chile-Bolivia. Fui coordinadora del caso “Obligación de Negociar un acceso al Océano Pacífico” ante la Corte Internacional de Justicia y tuve el honor de representar a nuestro país ante ese mismo tribunal, como co-agente en el proceso del río Silala. En mi calidad de subsecretaria de Relaciones Exteriores realicé la primera visita a La Paz por parte de una alta autoridad chilena en diez años, dentro del marco de la “Hoja de Ruta 2021″, mediante la cual buscamos normalizar los contactos bilaterales tras una década de mínima comunicación política. En este caminar, he creado lazos fraternos con diversos personeros bolivianos, desde líderes gremiales hasta autoridades de variadas corrientes ideológicas.
Estos días he visto emerger un nuevo impulso a nuestros vínculos vecinales, empujados desde la sociedad civil. La semana pasada, en la casa central de la Universidad Andrés Bello analizamos con los expresidentes Paz Zamora y Frei los vaivenes bilaterales de estos 30 años y las vías que habían mostrado ser más idóneas para encauzar nuestras diferencias, sin olvidar la importancia de nuestras otras conexiones. Y este lunes, en La Paz, fui invitada a exponer en la sesión inaugural del Consejo Empresarial Binacional Bolivia-Chile. Asimismo, he participado en foros tanto en Santiago como en La Paz, que han congregado a una variada gama de personalidades de ambos lados de la frontera.
En estas instancias he constatado un genuino interés por avanzar en base a una agenda renovada, evitando que el llamado asunto marítimo -zanjado por el derecho internacional- constituya el elemento gravitacional de la relación bilateral. Dentro de estos intereses surge de manera casi natural la modernización del Acuerdo de Complementación Económica número 22 (ACE22), un tratado firmado a principios de los años noventa, obsoleto para abordar los desafíos del comercio y la integración del siglo XXI. Sin embargo y a pesar que existe la voluntad declarada de ambos países para avanzar en su actualización, la última reunión sostenida para esos efectos se celebró en 2021, sin que se observen avances durante la actual administración chilena.
Como lo he señalado en otras oportunidades, un acuerdo de naturaleza económica incluye elementos que trascienden el intercambio de bienes, como la conservación ambiental, la perspectiva de género y la búsqueda de mayores oportunidades para la participación de las Pymes en el espacio internacional.
Bajo esta mirada, mejorar el contenido y las disciplinas reguladas en el ACE 22 beneficiaria a comunidades de ambos países, por lo que podría insertarse inclusive bajo la tradición de la “diplomacia de los pueblos”, tan característica del MAS. Asimismo, coincidiría con la vocación profundamente latinoamericana que ha declarado tener el gobierno del Presidente Boric.
En la relación chileno-boliviana, la sociedad civil ha puesto la mesa. Es hora de que los gobiernos acepten la invitación y se comprometan a avanzar en las áreas de interés mutuo.
Por Carolina Valdivia, investigadora CEP y consejera CEIUC
