Las últimas encuestas dan como ganador de las elecciones venezolanas a Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) liderada por María Corina Machado, histórica opositora del chavismo. Pero el apoyo popular a la PUD es la parte dulce de la historia. La parte amarga, que hemos conocido mediante agresivas afirmaciones de Maduro, dan cuenta que no entregará voluntariamente el poder, si es que siquiera reconoce un posible triunfo de la oposición. Ante este panorama, podemos proyectar cuatro escenarios: 1) Maduro gana legítimamente. 2) Maduro amaña un fraude electoral que le conceda la victoria. 3) La PUD gana, pero Maduro desconoce el resultado. 4) La PUD gana y se produce la transición.
El escenario 1 debe ser descartado. Una victoria legítima no se deriva de un proceso electoral basado en la intimidación e incumplimiento de los más triviales elementos de una elección justa. Los escenarios 2 y 3 son los más probables y aquí la presión regional será clave (partiendo por Brasil, lo que Lula ya ha asumido), mas no certifica ningún cambio efectivo. El escenario 4 es improbable, salvo que existan garantías de impunidad para Maduro y sus adláteres, especialmente, frente a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Existen indicios de que esta última opción se está fraguando. El propio González adelantó que de ganar no perseguirá a Maduro. Este camino también explica el consentimiento de Maduro a la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas, con el fin de cooperar y mostrar que el sistema judicial venezolano funciona, lo que impediría el ejercicio de la justicia complementaria de la CPI y facilitaría negociaciones para la transición.
El gobierno de Chile se percibe incómodo ante Venezuela. Ha permanecido distante, incluso silente, frente a las inaceptables actuaciones de Maduro camino a las elecciones. No ha habido condenas categóricas, ni tampoco participación en declaraciones conjuntas con otros gobiernos de la región que, más allá de sus diferencias políticas, se han coordinado frente a Caracas. Desde una óptica pragmática, la formula chilena es atendible. Las pugnas por resolver con Venezuela (expulsiones, migración, crimen organizado) en las que ésta, además, tiene el control, aconsejan evitar nuevos focos de tensión. Pero, a la vez, reflejan las contradicciones que la realidad impone a una política exterior centrada en la defensa irrestricta de los DD.HH.
Y las opciones que tiene el gobierno tras las elecciones de este domingo mostrarán lo mismo: 1) Apoyar una transición pactada (que pasará por garantías de impunidad a crímenes de lesa humanidad). 2) Denunciar el fraude y adoptar medidas acordes (que conllevará el agravamiento o la paralización de las tratativas de los asuntos que interesan a Chile) o, 3) simplemente pasar inadvertidos (echando por la borda el compromiso de condenar violaciones a los DD.HH. “en todo lugar”). Como en economía, en política exterior tampoco existen los almuerzos gratis.
Por Carolina Valdivia, abogada e investigadora CEP
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