Columna de Carolina Valdivia: Venezuela: datos, no relatos

Sorpresa causaron las declaraciones del Presidente Lula en la antesala de la cumbre sudamericana, en que para explicar la presencia de Nicolás Maduro en Brasilia, señaló que “contra Venezuela se construyó una narrativa de la antidemocracia, de autoritarismo”. Lamentablemente, la situación de Venezuela dista de ser un relato de ficción. Las cifras económicas, sociales y, especialmente, de derechos humanos, reflejan la tragedia en la que se encuentra sumido el que alguna vez fue el país más próspero del continente.

Venezuela enfrenta una de las mayores crisis económicas del mundo. Descontado el crecimiento de 2021 y 2022, por el rebote post pandemia y la liberalización de algunos sectores, la economía venezolana está colapsada. Entre 2013 y 2019, la economía se contrajo en un 70% y la inflación acumulada alcanzó el 686%. El aparato estatal, controlado por cercanos al régimen, carece de competencias para suministrar servicios esenciales, ocupando el lugar 177 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Hoy, más del 50% de los venezolanos viven en condiciones de pobreza extrema, incapaces de satisfacer sus necesidades básicas.

El estado de los derechos humanos en el país es igualmente crítico. La misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar la situación de Venezuela concluyó que existen indicios razonables de la comisión de “crímenes de lesa humanidad... como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”. Es por este tipo de presunciones, que la Corte Penal Internacional ha decidido perseverar en su investigación en el país, un caso único en Sudamérica.

La debacle económica, social e institucional han desembocado en una grave crisis humanitaria que explica por qué sobre siete millones de personas -un cuarto de su población- ha emigrado de Venezuela, generando un severo impacto en la región.

Frente a esta dura realidad, las declaraciones de los presidentes de Chile y Uruguay en la cumbre de Brasilia, manteniendo una postura firme ante un régimen dictatorial, merecen ser valoradas. Sin embargo, tampoco se debe ser condescendiente. Contrariamente a lo que apuntó el Presidente Boric, a Venezuela no le interesa reinsertarse en los organismos regionales como fórmula para abordar su situación interna y sus efectos regionales. Caracas se retiró unilateralmente de la OEA para evitar el escrutinio internacional y sigue suspendida de Mercosur por vulnerar la cláusula democrática. Tanto es el menosprecio por el multilateralismo, que Maduro inclusive llegó a denegar el acceso al país a la Comisión Interamericana de DD.HH., en una actitud no vista en estas latitudes hace décadas.

Pero como nada dura para siempre, Chile y la región deben conminar al actual mandamás venezolano a que se comprometa a elecciones presidenciales libres, justas e imparciales en 2024, comenzando por la fijación de un calendario electoral. Solo estas acciones nos dirán si Venezuela dejará atrás la antidemocracia o si profundizará la senda del autoritarismo.

Por Carolina Valdivia, investigadora CEP y consejera CEIUC