La “Ley corta de Isapres” busca implementar el fallo de la Corte Suprema sobre eventuales devoluciones de cobros en exceso de las Isapres a sus afiliados. No es una tarea fácil. Respecto del fallo, porque: (i) contradice la instrucción de la autoridad en 2020 de aplicar la nueva tabla de factores solo a los planes nuevos y no retrospectivamente. (ii) Genera un desequilibrio financiero, ya que los planes antiguos fueron tarificados con otros supuestos. (iii) Considera como deuda solo la que va desde las Isapres a los usuarios, pero no cuando los usuarios pagaron de menos, creando otro desbalance. (iv) No establece una fórmula de cálculo de la deuda de Isapres, responsabilizando de la estabilidad del sistema al gobierno, quien estimó inicialmente un monto tal, que hubo acuerdo en que afectaría gravemente al esquema privado asegurador y prestador -que atiende a usuarios de Fonasa- y, por tanto, al sistema completo.
En cuanto al gobierno, este además complejizó la tramitación del proyecto, ya que (i) incorporó reformas sustanciales, no relacionadas con el fallo, como un nuevo seguro complementario en Fonasa. (ii) Este seguro con prima y libre elección, administradores y prestadores privados, que busca emular en Fonasa los planes de Isapres, junto con el monto de deuda estimado y las normas sobre quiebras de Isapres, se han leído como una forma de instaurar un modelo de asegurador único (Fonasa), que no tiene acuerdo político ni apoyo de la población. (iii) No aborda los problemas de fondo a los que han aludido los tribunales en sus fallos: que las Isapres son parte de la seguridad social y que la normativa se debe ajustar.
Esto ha generado un clima político polarizado que ha impedido abordar las carencias que el esquema de Isapres arrastra hace años. Esta es (¿era?) una oportunidad de abordarlos, pero ha terminado siendo un campo de batalla ideológico, como lo evidencia la discusión respecto de la mutualización o solidarización, que terminó en que el Tribunal Constitucional nos reitera que las Isapres son parte de la seguridad social y que ahora es responsabilidad del gobierno decidir el camino.
¿Cómo seguir? Un grupo transversal de técnicos, académicos y conocedores de políticas públicas en salud suscribe que la salida pasa porque el gobierno elija un camino que otorgue subsistencia financiera (mutualización, nuevo precio base post tabla única u otro), pero acompañado de nuevas reglas de seguridad social: eliminar las preexistencias mediante la solidarización de parte de los recursos del plan de salud, para compensar a quienes, por azar, tienen una salud desmejorada. Con ello se aborda el fondo, se otorga claridad y estabilidad regulatoria a los actuales y nuevos participantes, y se valora la opinión de las personas. La encuesta “Chile nos habla” de la USS, de agosto de 2023, mostró que casi la mitad de los participantes está de acuerdo con pagar más por eliminar las preexistencias y que 8 de cada 10 quieren elegir quien administra sus recursos. No perdamos esta oportunidad.
Por Carolina Velasco, Instituto de Políticas Públicas en Salud, Universidad San Sebastián
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