Columna de Carolina Velasco: ¿Qué hacer con las listas de espera en los hospitales públicos?

La reducción de las listas de espera es un tema frecuente en promesas de campaña, programas de gobierno, cuentas anuales y acuerdos de todo tipo. Las administraciones de turno hacen esfuerzos, crean programas, mecanismos de seguimiento y control, sin lograr reducir de manera permanente los tiempos y listas de espera.
¿Por qué? Porque las medidas adoptadas no abordan los problemas de fondo. Primero, Fonasa no es un asegurador y no responde por la entrega del plan de salud al que tienen derecho sus usuarios. Esto, porque (i) la decisión sobre quien ejerce su dirección es política, lo que lo limita el cargo a cuatro años, generando que quienes ejerzan dicho rol respondan más bien al gobierno de turno que a sus usuarios. (ii) No cuenta con facultades para cumplir, ya que no financia ni fiscaliza lo que ocurre en la atención primaria, donde se originan las derivaciones de pacientes (salvo en lo relativo a las garantías explícitas en salud -GES); tiene pocos mecanismos para exigir a los hospitales (solo es una de las partes en los convenios) y, además, si bien es quien participa en la definición del presupuesto de estos recintos, estos son siempre suplementados al final del ejercicio y; (iii) no tiene control sobre el gasto en licencias médicas (la Compin las autoriza y supervisa) y en la libre elección, que ha aumentado fuertemente, llevándose cada vez una mayor parte del presupuesto.
Segundo, los hospitales carecen tanto de incentivos, como de atribuciones para hacer un buen uso de sus recursos. La permanencia de los equipos directivos tiene poca relación con su desempeño, sino que depende del gobierno de turno, con un horizonte de planificación máximo de 4 años. Además, no pueden disponer de su presupuesto, ya que no definen su planta, ni las condiciones de dichas contrataciones (como salario, metas, etcétera), por lo que difícilmente pueden responder por su desempeño.
Tercero, lo anterior es rematado por las pobres exigencias que realiza la entidad rectora a estos recintos, dado que, de no cumplirse, se ven afectadas las autoridades y gobierno de turno, dado que los hospitales dependen de la Subsecretaría de Redes del Minsal. Por ello hay poca información de desempeño y los estándares son bajos o inexistentes, como ocurre con la atención no GES, donde no existen definiciones de tiempos de espera.
Las últimas propuestas (de la comisión de Salud del Senado y el Ministerio de Salud), han planteado como respuestas la necesidad de, primero, fortalecer a Fonasa, con mecanismos que aseguren que quienes estén a cargo sean elegidos, evaluados y removidos por sus capacidades y desempeño, por plazos diferentes a 4 años y; que cuenten con las atribuciones para administrar todos los recursos, para garantizar la atención de sus usuarios con los estándares definidos.
Segundo, despolitizar la administración de hospitales, mediante mecanismos que aseguren que quienes estén a su sean elegidos por sus capacidades y por plazos no asociados al ciclo político. Asimismo, requieren poder contar con las facultades para definir a su personal y las condiciones de sus contratos, en orden a que respondan por sus resultados.
Finalmente, el Ministerio de Salud debe ejercer su rol rector y exigir y evaluar el desempeño del todo el sistema, incluyendo a los hospitales públicos, lo que requiere que la labor de prestación deje de ser su responsabilidad y se eleven los estándares para todo el sistema.
En el Congreso existen diversas iniciativas que intentan abordar al menos lo relativo a Fonasa y a un plan de salud más completo y con estándares. Estas pueden ser usadas como base de trabajo, si hay voluntad de los legisladores por avanzar. Casi 8 de cada 10 personas son beneficiarias de Fonasa, quienes potencialmente arriesgan su salud de manera permanente por efecto de las largas esperas. Si no abordamos los problemas de fondo, no nos quejemos cada trimestre de que nuevamente tenemos malas noticias en este ámbito.
Por Carolina Velasco, Directora de Estudios IPSUSS.
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