Son pocos los países que han reformado abruptamente su sistema de salud, lo que se explica porque, a diferencia de otras áreas, literalmente un error puede costar la vida (de muchos). Ergo, cualquier modificación de envergadura debe considerar plazos prudentes para su implementación, contar con un respaldo político amplio -para que “todos remen hacia el mismo lado” durante todo el periodo de implementación- y ser técnicamente sólida, incluyendo una clara hoja de ruta y constantes y periódicas evaluaciones para evitar consecuencias negativas en las personas.
En Chile estamos viviendo la realidad opuesta: potenciales cambios abruptos, incertidumbre, sin planificación ni carta de navegación, sin plazos adecuados, sin acuerdo sobre cómo hacerlo y hacia dónde ir, y sin considerar el efecto que ello puede tener en los ciudadanos -de Isapres y de Fonasa- quienes ya están viendo afectada su atención (consultas sin bonos, retrasos en reembolsos).
No hay tiempo para culpas. Todos somos responsables en alguna medida. Y la única salida sostenible, es decir, que permita a todos los chilenos recibir atención de salud oportuna y de calidad de manera asequible, requiere de un acuerdo amplio, que otorgue un plan definido para los próximos diez o quince años. Un pacto de estas características requiere de visión, voluntad, generosidad y esfuerzo por comprender y analizar la evidencia de otros países y tomar en serio las necesidades y preferencias de los chilenos.
Este acuerdo debe, en el caso del sector asegurador privado, permitir el adecuado cumplimiento por parte de la Superintendencia de Salud del fallo de la Corte Suprema (que implica devoluciones de dinero de parte de las Isapres a sus afiliados), otorgando continuidad a la atención de las personas y manteniendo una alternativa privada de aseguramiento en salud de “primer piso”, como lo exigen los chilenos y lo ha reiterado la propia Corte. Segundo, debe evitar una recaída; es decir, que se judicialice otro aspecto de la salud privada y se vuelva a poner en jaque al sistema por no haber corregido su inadecuado marco regulatorio (en esto no hay dos visiones). Según expertos y exautoridades de diversas miradas, ello implica contar con un plan universal, eliminar las preexistencias, compensar el gasto de las personas de peor estado de salud y que el acceso no dependa de la edad, sexo ni estado de salud.
Lo anterior se puede llevar a cabo en el corto y mediano plazo. No obstante, la mejora de la atención de tres cuartos de los chilenos afiliados a Fonasa tomará más tiempo. Sus pesares son la falta de atención oportuna y de acceso a alternativas de cuidado, pero también el trato recibido en el proceso (obtención de bonos e información, toma de horas, seguimiento una vez dado de alta). Abordarlos requiere de reformas estructurales que, afortunadamente, ya han sido acordadas transversalmente y que incluso formaron parte del programa del actual gobierno, aunque poco se ha sabido de ellas. Así, el acuerdo debe también: (i) desligar de la influencia política la administración de Fonasa, de los Servicios de Salud y de los hospitales y (ii) exigirles a dichas entidades el cumplimiento real de los derechos de los pacientes (asociado a consecuencias), a cambio de mayores atribuciones para gestionar sus finanzas y su personal. Es decir, modificaciones legales profundas y complejas, que tomarán tiempo, como es el caso del manejo de los recursos humanos en salud.
Tenemos la oportunidad de acordar lo que serán los próximos años o décadas en salud, considerando los objetivos que ya suscribimos como país para nuestro sistema de salud (atención oportuna, de calidad y asequible). El eterno segundo plano al que se relega una reforma al sector salud hoy nos está pasando la cuenta y, si no tomamos las medidas necesarias a tiempo, no es claro que podamos pagarla.
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