Columna de Catalina Droppelmann y Pablo Carvacho: El manejo de la crisis carcelaria

El temor de escalar un conflicto carcelario, como ocurre en Ecuador, reabrió el debate penitenciario en Chile. El autogobierno de las cárceles no es un problema nuevo en América Latina. En varios países de la región existen regímenes donde las cárceles son manejadas por las propias personas privadas de libertad, quienes administran, no solo la vida cotidiana, sino el poder y la violencia que se ejerce dentro de ellas. En Chile, la situación carcelaria es diferente en cuanto a su gobernanza, pero no menos precaria en cuanto a los niveles de hacinamiento, violencia e indignidad.

Por ello es necesario avanzar en, al menos, tres ámbitos clave. El primero se refiere al uso racional de la prisión preventiva. Conforme a los datos de Gendarmería, su uso ha aumentado considerablemente. Si para 2010 habían 11.604 imputados recluidos, representando el 24% de la población privada de libertad, la cifra a diciembre del 2023 llegaba a los 19.665, lo que implica un 37% de las personas encarceladas. El segundo, dice relación a los mecanismos de salida a través de los beneficios penitenciarios. La libertad condicional, necesaria para asegurar no solo la progresividad de las penas, sino también para controlar el hacinamiento y la violencia, viene en franco declive. En 2023, el porcentaje de otorgamiento no superó el 9% de las postulaciones, impidiendo la descongestión de las cárceles. Finalmente, un eje que poca atención ha recibido es el rol y capacidades de los funcionarios penitenciarios. Un estudio reciente de Justicia y Sociedad UC, dio cuenta que el 63% de los gendarmes percibe prácticas de corrupción entre los funcionarios; 58% refiere actividades ilícitas entre los gendarmes e internos; y 56% percibe consumo problemático de drogas y/o alcohol entre los uniformados. Asimismo, 61% no recibió atención de salud mental desde la institución cuando la necesitó. Junto a ello, su formación no los prepara para las tareas diarias y prevalece una cultura organizacional que impide la promoción de la reinserción social. A pesar de esto, se han aumentado sus atribuciones, incluso para la investigación de los delitos que se cometen dentro de las cárceles, rol que un Estado de Derecho debiese asumir con firmeza el Ministerio Público.

Considerando que se pronostica un aumento considerable de la población penal en los próximos años, hacerse cargo de estos aspectos es crucial para desarrollar una política penitenciaria robusta. Esta política no solo debe descansar en el Ministerio de Justicia, sino que depende en gran medida de los márgenes legales que se generan a partir de un debate legislativo pobre, populista y desarticulado. Si aumentar el uso de la cárcel es desacertadamente la política elegida en Chile para controlar el delito, al menos hay que asegurar que ésta funcione. Para ello se requiere generar un equilibrio entre los mecanismos de entrada y salida, y mejorar las capacidades y probidad de quienes manejan las cárceles, quienes -al menos por ahora- siguen siendo los gendarmes.

Por Catalina Droppelmann y Pablo Carvacho, Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC