Estamos, sin duda alguna, frente a una de las mayores crisis históricas de la construcción en Chile. Solo comparable con la de los años 1983/84 de tan triste memoria. Y esto en la mitad de una emergencia habitacional de proporciones, gatillada por los famosos retiros que secaron el financiamiento a largo plazo de la clase media y de las empresas, sino también por la inmigración desatada, y el comportamiento de la banca que les cortaron de raíz el financiamiento. Esto, en un sector intensivo en mano de obra menos calificada, y de empresas proveedoras de tamaño mediano y pequeño, que fueron las primeras en pagar las consecuencias.
Pero, el gobierno (el Minvu) se preocupa del tema a su manera. Y les voy a contar “un chiche” de su creación, para destrabar el problema financiero de la industria.
En efecto, dicta y modifica la Resolución Nro 510, de 2023, que llama a postulación en condiciones especiales, para la presentación de proyectos del programa de Integración Social y Territorial (IST). Decreta que “de manera extraordinaria, el Serviu podrá otorgar a solicitud de la empresa constructora un nuevo préstamo, disponible por 12 meses a partir de marzo 2024...”. El plan especial considera un costo para las empresas... que corresponderá a UF+2% al año...
Perfecto. Aplauso cerrado de la industria: créditos baratos para continuar obras habitacionales de tipo social. Hasta aquí todo bien, hasta que aparece “el reglamento” firmado por el subsecretario.
Las condiciones son realmente pensadas por el realismo mágico. En primer lugar “las empresas desarrolladoras deberán presentar algún documento emitido por un banco o institución financiera que permita acreditar de manera fehaciente, que se les ha negado el acceso al financiamiento del proyecto respectivo”. O sea, que las declare financieramente inaceptables. Pero no es todo: suponiendo que algún banco se atreva a entregar ese documento inculpatorio se les pide (punto 1.7) que “se deberá contar a la fecha de la firma del contrato del mutuo -con el Serviu- de una pre aprobación de alguna institución financiera o banco para el financiamiento requerido” (¡Plop!: los bancos deben negar financiamiento..., pero darles una pre aprobación a un crédito similar). Además, deben presentar boletas o pólizas de garantía (otra forma de crédito financiero), que difícilmente se les podrían dar a empresas a las cuales el mismo sistema financiero les niega por escrito el crédito. Y como si fuera poco, el Serviu les hará efectivas las garantías si llegan a estar con documentos protestados, créditos morosos, etc., causal más probable para el rechazo por escrito del crédito bancario. O sea, la condición para acceder a UF+2% es que primero les nieguen el financiamiento los bancos (con toda seguridad, por tener créditos morosos, documentos protestados o balances frágiles), pero que simultáneamente les pre aprueben créditos (como diría Carlos Peña, un oxímoron), que como condición previa para acceder a las deliciosas UF+2%, les debieran haber negado, y que, además, les otorguen boletas de garantía. Como diría un matemático, el conjunto nulo.
Así es este gobierno, que tiene la voluntad de apoyar el progreso, pero no sabe cómo. Y cuando trata, se enreda, y hace el loco, en este episodio y en “por qué no pagan más, y todos felices”.
Por César Barros, economista
