Columna de César Barros: El gran improvisador

Es un impulso irresistible frente a una audiencia favorable; es una reminiscencia de sus años de poderoso dirigente estudiantil, pero a estas alturas parece más bien el guionista de “los tres chiflados”. No nos remontemos a la historia antigua, para no perder el tiempo.

Partimos con Monsalve, donde un muy probable “te creo amigo” mutó después en un “te creo amiga”. Pero entremedio, con una conferencia de prensa donde se fue enredando y desde donde aún no termina de salir. Todavía nadie sabe cuándo se supo, pero la Constitución es demasiado clara: un funcionario público en conocimiento de un delito, debe denunciarlo sin demora. Aunque esta obligación parece que aún no se hace carne en la burocracia nacional, sino la CMF hubiera suspendido antes a Factop, y el SII hubiera detectado a tiempo que empresas sin historia emitían facturas como si fueran Walmart. Pero la CMF o el SII no son “el primer magistrado de la República”.

Después, les quita el piso a sus negociadores de la reforma previsional. A los pocos días tuvo que recoger cañuela, bajar el tono y seguir negociando a regañadientes. Pero puso todo el proceso en peligro por un gustito de asamblea estudiantil que no parece abandonar.

Luego viene “la casa”. La iniciativa es noble, y para el Socialismo Democrático una nueva distinción a su héroe carismático, pero qué manera de hacer las cosas mal. De nuevo, la Constitución es demasiado clara: ni parlamentarios ni ministros pueden celebrar contratos con el Estado. Dice “contratos”, no finiquitos o cierres financieros. No creo, ni por un segundo, que la senadora o su sobrina hayan vendido la casa patrimonial con ánimo de codicia; las asesoraron mal, y el proponente de la idea, que cursó Derecho Constitucional, debió advertir la falta. Para qué decir sus ministros y los asesores de estos. Una improvisación que puede llevar a complicaciones no menores con el PS, hoy fuerza fundamental de este gobierno, y con JAK, que como sabe que no será Presidente, le da lo mismo y suelta los perros.

Y finalmente, el caso Dominga. Un tongo de aquellos: por unanimidad los subsecretarios mandatados por el gobierno rompen la legalidad y rechazan un proyecto importante para una zona especialmente vulnerable. Los argumentos son risibles: amenazan un par de especies de espinos o algarrobos (pura hipótesis), y uno se pregunta qué hacia el SAG antes para preservar esas especies: nada, pudiendo haber multiplicado su población ahí y en otras zonas hace décadas. Lo mismo se puede decir del loro tricahue. Pero ahora se culpa al proyecto de, hipotéticamente, ponerlas en peligro. La verdad de las cosas -como indicaron las dirigentes de la CPC y de la Sofofa- es que la política le pasó máquina a la ciencia y a la economía, en forma burda. Hasta el exministro (y expresidente del PS) Osvaldo Andrade cree que es una barbaridad. Pero parece que las políticas públicas las diseñan entre Greenpeace y Oceana, más que Grau y Pardow; sobre todo queda la duda si el tongo fue para rayarle la pintura a los dueños del proyecto, y al expresidente Piñera. Todo esto mientras estos ministros hacen gárgaras contra la permisología y por el aliento a la inversión. En este caso pudo más la asamblea de compañeros de curso, y las ONG extranjeras, que el bien común.

Por César Barros, economista