En Chile, en teoría, tenemos tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero no es tan así: tenemos además al Poder Regulador, que no le responde en la práctica a nadie, y aunque su burocracia depende de ministros y/o alcaldes, en realidad tienen vida y generación propia. Es más, ellos se encargan de interpretar para nosotros aquellos aspectos de las leyes que no están -a su juicio- muy claros. Ejemplos clarísimos son el Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría General de la República y la Fiscalía Nacional.
En los EE.UU., la Corte Suprema acaba de pegarle “un recortón” al poder burocrático/regulador, impidiéndole generar jurisprudencia y/o capacidades interpretativas. Su efecto en el sistema administrativo de los EE.UU. puede ser caótico, pero es también clarificador para el ciudadano de a pie, que puede mirar a la ley, en vez de al funcionario de turno o de carrera. El caso -para quienes se interesan- es el de Loper Bright vs. Raimondo.
En Chile hemos ido haciendo algunas mejoras: en la antigüedad, el presidente del Banco Central era el mismísimo ministro de Hacienda, y en el mercado de valores y seguros, y de la banca, el superintendente respectivo. Bueno, partimos con un Banco Central (BC) independiente, cuya cabeza ya no es el ministro de Hacienda, sino un Consejo muy bien pensado y de enorme prestigio que maneja en forma colegiada y técnica buena parte de la macroeconomía chilena. Creamos también la Comisión del Mercado Financiero (CMF) que fusionó las superintendencias de Bancos y de Valores y Seguros, también dirigida por una prestigiosa comisión de expertos, y cuya capacidad y respeto es ya indiscutible.
Y Chile debería seguir avanzando. Con una comisión de expertos que designe -y/o elimine- a jueces y notarios, tal como lo propusieron las dos comisiones constitucionales (la última, por unanimidad de sus expertos, desde el PC a Republicanos) y termine con el sistema de “inbreeding”, nepotismo y a veces corrupción del actual, que viene desde don Andrés Bello. Lo mismo con el SII: una comisión independiente que guíe las políticas principales de la recaudación tributaria, y que ordene y oriente a la burocracia de su dependencia. Y la Contraloría, que “colegisla” sin permiso sino que por tradición (hace no tanto determinó que los parques nacionales y reservas naturales terrestres, incluían además a su territorio marítimo), también debería tener un consejo contralor que en forma colegiada -y no unipersonal como ahora- dirija, guíe y oriente sus políticas, igual situación que debería ocurrir con la Fiscalía Nacional. Y como en el BC y la CMF, que sus consejos estén formados por expertos de muy alto nivel y prestigio en sus materias.
Esto crea institucionalidad, certeza y confianza, aleja suspicacias y asegura regulaciones de buen nivel. También protege a las personas de autoridades poderosas que al final del día terminan siendo lacayos de quien los nombra o los genera, creando bochornos como los que hemos estado soportando desde el Poder Judicial.
Por César Barros, economista
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