La alcaldesa de Providencia -Evelyn Matthei- se dio el trabajo de confeccionar un listado de más de 50 personajes del crimen organizado, que han sido detenidos e identificados por los servicios de seguridad y legales de su comuna. Puede que algunos nombres calcen o no calcen con los asesinos del teniente venezolano. Lo fatal, es que esa lista se le entregó hace tiempo al gobierno, y los criminales andan sueltos. La lista da los nombres, fotos, y organigramas de las bandas. En vez de rebatir nombre más o nombre menos, la justicia, los fiscales y el gobierno deberían tener a los mencionados en la lista a buen recaudo.
Si cada alcalde (son más de 340) hiciera la pega que realizó Providencia -que no es de las comunas más grandes- lo más probable es que -siendo conservadores- la lista total de maleantes descritos y localizados, alcanzaría fácilmente a los 2.000 personajes. Pero no todas las municipalidades han hecho esa pega. Tampoco los fiscales ni los jueces.
Si de verdad hiciéramos la guerra al crimen organizado, para apresar a esos miles de malhechores se necesitarían al menos 200 fiscales adicionales, 50 nuevos jueces y construir unas ocho cárceles. Y elevar el número de gendarmes en un 20/30% por lo menos. Y una de esas cárceles debería ser de verdadera máxima seguridad. Para que tengan una idea de lo que es una cárcel de máxima seguridad, les doy los datos principales de la ADX Florence, en Fremont Colorado, que es la que encierra a los más peligrosos criminales en los EE.UU. Ahí están -entre otros- el Chapo Guzmán, los líderes narcos Ramón Matta y Juan García Abrigo, el “unabomber” y el asesino de la maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev.
La cárcel cuenta con 490 celdas individuales. Todo su “mobiliario” es de concreto. Son insonorizadas, y carecen de cualquier elemento con los que los prisioneros puedan hacerse daño o a terceros. Los guardias son de élite y con alta especialización. Los presos están engrillados durante 23 horas y tienen una hora para hacer ejercicio, llamar por teléfono y otras actividades. Por eso, los líderes narcos luchan a muerte para no ser extraditados a los EE.UU.: porque de ahí no hay fuga posible. La ADX costó US$ 60 millones. Esto es declarar la guerra al crimen organizado. Cuesta caro, requiere harta inversión, pero entrega seguridad a los de a pie, sobre todo a los más pobres y actúa como disuasión a los potenciales maleantes.
En vez de ver si la lista de la alcaldesa calza o no calza, el gobierno debería alentar a los demás alcaldes a hacer lo mismo que hizo Providencia: entregar los nombres, ubicaciones, conformación de las bandas de sus comunas para facilitar su persecución y encarcelamiento. Y debería, -el gobierno- ponerse las pilas: contratar jueces, fiscales y gendarmes, y licitar cárceles: entre ellas, una como la ADX de los EE.UU. Y pensemos que al final, más que un gasto es una inversión de alto retorno. Pongamos la plata donde ponemos la boca: actuemos en vez de lamentarnos. Ya la gente no cree en fiscales ni jueces. Y los maleantes se las saben todas: conocen el sistema mejor que la Corte Suprema, y por eso andan sueltos. Matthei hizo la pega. En vez de atacarla, deberían imitarla.
Por César Barros, economista
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