Tuve una reunión con una oficina de expertos por un trámite fiscal. Lo más interesante fueron las anécdotas de la empresa a cargo de la gestión. “Hay pura gente nueva, sin experiencia, muchos, cuya única misión parece ser el impedir que las cosas se hagan. Son ideólogos de nuevo cuño, talibanes que llegaron con el nuevo gobierno, y su actitud es solo negar o demorar”. Esto no es una novedad: el gobierno tiene cien mil y fracción nuevos empleados, que en vez de apoyar a que el país funcione, se dedican a impedirlo.
Son parte importante de la tan denostada “permisología”, distribuidos por todo el sector público, que antes no tenía a esos personajes, pero funcionaba un poco mejor que ahora. Jóvenes recién titulados, sin calle ni experiencia, pero con una importante misión que cumplir: ponerle obstáculos a esos malvados empresarios que contaminan, evaden impuestos y dirigen el país desde las sombras.
Lo notable es que los nuevos empleos están -principalmente- en la regulación y en el control de los ciudadanos en sus diversas facetas: imponentes, empresarios, víctimas del crimen, conductores o enfermos. ¿Cómo sería Chile, si en vez de tener 100.000 funcionarios más entre seremis, subsecretarías y oficinas reguladoras, tuviéramos 100.000 nuevos carabineros, detectives y/o gendarmes?
La ciudad de Nueva York, con 5 millones de habitantes, tiene alrededor de 45.000 policías, sin contar al personal del FBI, a los US Marshals, la policía de fronteras y otros estamentos. Chile, con más de 4.000 kilómetros de largo, tiene pocos más policías que NYC, y que además cuidan fronteras, dirigen el tráfico, vigilan las carreteras, reciben denuncias de todo tipo, intervienen los disturbios violentos, y más encima hacen labores de escritorio.
La presencia policial en calles y poblaciones es el Estado presente, es la disuasión al crimen y la ley personificada, y hoy casi no se ve. Y por eso estamos llenos de ambulantes, “motochorros” y grafiteros que ensucian nuestras ciudades y pueblos. Por falta de policías hay tomas, usurpaciones, sectores de Chile sin Dios ni ley. En cambio, los nuevos 100.000 funcionarios públicos no son la cara visible del Estado de Derecho. Son, en realidad, la cara más ingrata del Estado: son, en su nueva versión, los que con sus huelgas imprevisibles (e ilegales) nos privan de cuando en cuando de servicios fundamentales como la salud, o la educación. Que no son mejores que antes, solo son más caras y, menos efectivas.
Si de verdad este gobierno quiere que la seguridad sea su legado, debería tener 100.000 policías más, y no 100.000 nuevos burócratas dedicados a un Estado sin seguridad, pero con harta permisología, y muchas regulaciones de corte ideológico. Y si la oposición quiere ser de nuevo gobierno, es imprescindible que reduzca la burocracia y, a cambio, triplique las policías. Que ponga la plata donde pone la boca. Que volvamos a ver a los carabineros por todos los rincones de Chile, en todas las esquinas y en todos los barrios. Pongamos la seguridad por sobre la ecología extrema, y por sobre el control de los grupos empresariales.
Por César Barros, economista
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