No es la oposición, no es la opinión pública, menos aún la Constitución lo que hace tan difícil gobernar a este país, que ni siquiera es tan grande, ni tan primitivo: el peso de la guitarra lo constituye la densa fronda burocrática de Chile, que no ha dejado de crecer jamás, desde nuestra Independencia. Agravado ahora, cambiando jefaturas y mandos medios cada cuatro años, lo que impide tener planes y desarrollos de largo plazo, y donde los mal evaluados continúan como si nada.
Los presupuestos de la nación cada año dan o quitan “algo” a cada repartición, sin que nadie haya tenido el coraje de hacer un presupuesto base cero, que cambie de verdad el aparato burocrático del Estado. Se avanza, pero a paso de pulga. Y tampoco se respetan los principios básicos de la administración del Estado, que la Constitución y las leyes han consagrado, los cuales la enorme mayoría de los chilenos además desconoce.
El primer principio es el de la responsabilidad. La obligación de reparar los daños generados a causa de actos dolosos o negligentes. Pero es cosa de ver cuándo y cómo se reparan las demoras burocráticas en temas de resolución simple en proyectos grandes y chicos: desde una central eléctrica, un edificio, hasta agregarle una pieza a la casa. Para que decir las colas en el sistema de salud. La gente de a pie no tiene en la práctica cómo defenderse del director de Obras Municipales, ni cómo demandar a un hospital. El Estado burocrático ha levantado barreras infranqueables para que solo los poderosos puedan traspasarlas.
También la burocracia debe aplicar los principios de eficacia (cumplir con su misión dentro de los parámetros exigidos) y de eficiencia (hacerlo al menor costo). Pero a pesar de la Constitución y de las leyes, el Estado chileno no es ni eficaz ni eficiente. Si lo fuera, el Simce sería otro Simce, la educación pública sería distinta y las listas de espera en los servicios de salud públicos serían cortas.
También se consagra el principio de coordinación del aparato estatal: una cierta unidad de acción que evite duplicaciones e interferencias (Ley 18.575, art. 5). Aquí sí que se produce “la cueca en pelota”. Desde poner en peligro la Visa Waiver por no entregar la lista de maleantes a los EE.UU., hasta las confusiones entre el Serviu, el MOP y el Minsal (que para entregar un edificio debe comprobar el PH del agua de la piscina). A los salmoneros los regulan no menos de cuatro entidades, de ministerios y subsecretarías cada una con su agenda diferente, y así sucede con cada actividad empresarial.
También existe un principio “de impulsión del procedimiento” que procure la simplificación y rapidez de los trámites. Ejemplos en contrario los vemos día a día.
Es decir, los principios de la administración del Estado están casi completamente abandonados, y solo los pueden impugnar los poderosos, mientras la señora Juanita los sufre día a día, por años, hasta que viene un estallido. Porque ella no tiene ni los recursos ni el tiempo para defenderse de un Estado de burocracia enmarañada que no deja de crecer y de mutar con cada nuevo gobierno.
Por César Barros, economista
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