Es muy loable el acuerdo del centro político y del gobierno para lograr la aprobación, sin espera, de la Ley Nain-Retamal. Más allá de darle una ventaja lógica a quienes tienen el monopolio de la fuerza, lo importante es el hecho político que implica el apoyo transversal a Carabineros, FF.AA. y la PDI, en su rol constitucional de mantener el orden público, reprimir desmanes y hacer cumplir la ley.

No puede haber “un equilibrio de fuerzas”, sino una ventaja clara para quienes resguardan el orden y las leyes. Sin ella, estamos llamando a la derrota de quienes tienen el mandato de resguardarnos frente a los que rompen las leyes en forma impune. Probablemente, la Ley Nain-Retamal no hará el cambio o logrará por sí misma la derrota del crimen, pero hay un antes y un después. Los que queman, destruyen o trafican drogas ya no están respaldados por la ciudadanía, y tampoco son política y socialmente válidas las excusas que justifican sus actos por “los pecados sociales” de la desigualdad o la falta de oportunidades. Chile quiere orden, acatamiento de las leyes y su aplicación. Quienes le pongan obstáculos a ese deseo mayoritario, pagarán un precio político inconmensurable.

Sin embargo, de nada sirve legislar si después las leyes no se aplican, se aplican tarde o con laxitud. Y aquí debe haber cambios no solo respecto a Carabineros, FF.AA. y PDI, sino también en los fiscales, en los jueces y en las extremas garantías de nuestros códigos penales. La gente no hace denuncias porque sabe que nunca habrá resultados. Es clásico el “se presentarán las querellas contra quienes resulten responsables, y lamentamos profundamente estos hechos”. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases en la Macrozona Sur; y dónde están los presuntos responsables? ¿Cuántas veces hemos visto que criminales y terroristas, con largos prontuarios, siguen sueltos? Cómo no se van a frustrar los carabineros y PDI si investigan, apresan y envían a los juzgados a criminales y los jueces los mandan a cumplir su pena en casa, para luego desaparecer; o los fiscales que archivan los casos al por mayor.

Aquí no solo estaba mal el no respetar a Carabineros. No sacamos nada con aprobar leyes si los jueces y los fiscales no hacen la pega, y si no hay espacios para tener un sistema de inteligencia que de verdad sirva para prevenir delitos y desarticular mafias o grupos extremistas criminales. Hay que cerrar los “resquicios legales”, que por distinciones académicas finas permiten a los criminales zafar fácilmente de sus condenas.

No solo faltan policías y detectives, sino los medios y en cantidades suficientes que deben tener, y sobre todo capacidades de inteligencia importantes, especializarse y tener protocolos de clase mundial. Esto mismo se impone para los jueces y los fiscales; sin ellos, la justicia será lenta, ineficaz y poco creíble. No se trata de imitar a Bukele o Duterte, sino de tener un sistema orgánico, que reúna a policías, sistemas de inteligencia, fiscales y jueces en un esfuerzo coordinado para derrotar la criminalidad y el terrorismo; tal como tienen todos los países desarrollados del mundo, que por eso son desarrollados.

Por César Barros, economista