Le pongo título en inglés, porque el tema de la “permisología” chilena ya es un tema internacional. Y creo, de muy larga data, y de casi imposible solución.
La raíz del problema tiene dos orígenes. Primero, la cantidad infinita de leyes que nos gobiernan, haciendo a cada jefe de servicio esclavo de otras instituciones y de una maraña legislativa y regulatoria de la cual es imposible escapar. En segundo lugar, por la mentalidad funcionaria: es preferible esperar a equivocarse. Nunca innovar: nadie lo entendería, además la audacia puede tener resultados fatales, si la idea “se chinga”, y, finalmente, porque los políticos y la gente de negocios pasan, pero los cargos burocráticos no. Entonces, lo más práctico y cómodo es patear al córner, hacer un pase estratégico a otra institución, o, finalmente, que decida la Corte Suprema.
Y lo mejor es mostrar ejemplos de la realidad.
Veamos a los directores de obras municipales (los nunca bien ponderados DOM). Hay ahora un proyecto de ley “sobre plazos y sanciones por incumplimiento de DOM”. Este proyecto no solo cambia 18 artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino además numerosos artículos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cambiando: registro de ITO y revisores de cálculo, Registro de Revisores Independientes (arquitectura), Código Orgánico de Tribunales, DFL Normas Protección Derechos Consumidores, DFL 382 del MOP, Ley de bases de procedimientos administrativos... y así suma y sigue. O sea, un trabajo legislativo enorme, para modificar el comportamiento solo de un grupo reducido de burócratas. Pero hay otros, como Consejo de Monumentos Nacionales, Conadi, SAG y muchos más, a los cuales también habría que modificarles sus leyes y decretos.
Me dicen -de buena fuente- que el Metro de Santiago tiene contratados a ¡¡200 arqueólogos!! para lidiar con cada hueso y cada pedazo de olla de barro que van encontrando en sus excavaciones. Cada uno con su trámite, y así, una obra monumental se ve detenida por un hallazgo sin ningún valor de importancia.
En la salmonicultura también. Es una de las pocas exportaciones chilenas realmente nuevas, y Magallanes una zona especialmente apta para su producción (aparte del efecto en el empleo y el desarrollo de esa región). Bueno, la normativa “base” para conceder concesiones marítimas data ¡de 1960! La Ley de Espacios Marítimos de los Pueblos Originarios reserva para ellos casi toda la región, y le deniega a la industria espacios para crecer. En los últimos 8 años se han entregado solo 12 concesiones y a partir del 2020 ninguna, y el 93% de las solicitudes en trámite en la región están sobreexpuestas a las inmensas reservas pedidas por pueblos originarios, o Áreas Protegidas. La acuicultura de la región ocupa solamente 652 hectáreas y los Espacios Costeros de Pueblos Originarios, Áreas protegidas y otras, juntan en total 8 millones de hectáreas terrestres, y casi 20 millones en áreas marítimas.
¿Puede ser la salmonicultura, con sus pequeños espacios, un peligro para los pueblos originarios, o la naturaleza? Obviamente que no. Pero entre la ideología identitaria, y la burocracia inmóvil, no se logra ningún avance, salvo que se modifiquen montones de leyes, decretos y reglamentos. Y el Parlamento mientras tanto acusa de “sequía legislativa” al gobierno. Y este a su vez, se queja de obstrucción por parte del Parlamento.
Por César Barros, economista
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