Es increíble la falta de vergüenza del gobierno (mal que mal Elizalde es su ministro) respecto del voto obligatorio, tanto de chilenos como de extranjeros. Desde la derrota del “mamarracho” constitucional, se dieron cuenta que el voto obligatorio no los favorecía. Es cierto que antes la derecha prefería el voto voluntario. Pero un empate respecto a situaciones pasadas ya no solo no es válido, sino más bien invalidante. La gente debe votar: es el test fundamental de la democracia. Y es dudoso moralmente que quienes no votan, después reclamen por no estar debidamente representados.
Pero posteriormente apareció otra hipótesis: los inmigrantes venezolanos que huyeron de la dictadura bolivariana, capaz que voten aquí, como lo harían allá: aquí por la derecha, allá por Edmundo González y María Corina Machado. Y son millones, o al menos, cientos de miles. Entonces, mejor dejémoslos fuera del sistema: en forma delicada. Que sea solo voluntario. Y otros más extremos -Winter- haciéndolo extensivo a todos los chilenos. Mal que mal, ir a votar es molesto: hay que ir al local, ver la mesa, hacer cola, pasar frío o calor, dejar a los niños cuidados, etc., etc., que son las causas por las cuales el voto voluntario se estaba yendo al vacío.
Y luego, nos enfrentamos al tema de la multa por no ir a votar, y de quiénes estarían excusados de hacerlo: mujeres embarazadas y personas de más de 70 años; o sea los grupos más conservadores, y los que se sienten más traicionados por este gobierno -y por los anteriores también-, (excusas estas últimas que quedaron finalmente fuera del veto presentado).
Y vamos al tema de la multa ridícula, que como todo incentivo tiene un efecto económico y otro moral. El económico es obvio. El efecto moral de una multa es la culpabilidad de no haber hecho lo correcto. ¿Y qué pasa con las multas bajas? En Haifa -Israel- se hizo un experimento con los kínderes, pasando una multa a los padres que se atrasaban en ir a recoger a los niños; porque el kínder asumía el costo del atraso. Se puso una multa de US$ 30 por niño atrasado que se sumaba al costo mensual del kínder (que era de US$ 380). La sorpresa fue que los atrasos en vez de disminuir, se duplicaron. La “culpa por el atraso -daño social/moral- se podía comprar” por tan solo US$ 30. La multa compraba la culpa: un efecto económico se compensaba con un efecto moral. Ahora podían pagar, pero no sentir culpa.
Ese es el corazón de los $ 33.000 que han considerado. Que se contrapone con el costo por no pagar el TAG, que es de 1 UTM (aparte de no poder después sacar patente), lo mismo que pasarse un signo “ceda el paso”. No pagar el Transantiago o el Metrotren puede costar hasta 1,5 UTM. Es decir, incumplir la base del sistema democrático cuesta menos que pasar sin TAG, o no pagar el Transantiago. Y la gente por solo $33.000 podrá “comprar” su culpabilidad por no participar en el sistema democrático. Para quienes eso no es grave, o peor aún, creen que es conveniente, el diseño es genial: cómo cargarse a dos pájaros de un solo tiro, o más crudamente, hacer dos trampas en una.
Por César Barros, economista
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