A pesar del informe de la Cepal, que nos pone a la altura de Francia y Dinamarca en términos de pobreza, estamos llenos de campamentos y tomas (que antes se llamaban “poblaciones callampas”), y faltan por construir varios cientos de miles de casas y departamentos (hay diferentes números dependiendo de quién los mida: Techo Chile, INE, etc.) para dejar atrás campamentos precarios, familias viviendo como allegados y tomas ilegales. Es decir, a muchas millas náuticas de esos países. Algo midieron mal, pero no se condice “el pulso con la orina” como decimos en el campo. Aparentemente hay algún error metodológico en la fórmula cepaliana. Y no debe ser menor.
La industria de la construcción en Chile sí es capaz de construir esas 200.000 o 300.000 hogares faltantes, y no en mucho tiempo. Está la tecnología, el know how, el capital humano, y el financiero (Banco Central mediante). Pero enfrentan un problema de “permisologías” que demoran años en resolverse, y perdemos todo ese tiempo haciendo trámites, en vez de construir y trabajar. Y son tantas las entidades que regulan a la industria, que es imposible coordinarlas, sin un cambio radical que unifique su regulación.
Son innumerables las instituciones públicas (y algunas privadas) que intervienen en la regulación y el control, que son infinitos los permisos que requiere una constructora para que finalmente le reciban su proyecto habitacional, y puedan ser habitados esos hogares por familias vulnerables o emergentes.
Así, dentro de las entidades en que se tramitan estos proyectos encontramos: Dirección de Obras Municipales, Dirección de Aseo y Ornato, Dirección del Tránsito, Pavimentación y Obras Viales del Serviu, Empresas Sanitarias, Empresas Eléctricas, Seremi de Transportes, Servicio de Evaluación Ambiental, Consejo de Monumentos Históricos, Dirección de Vialidad, Dirección General de Aguas, asociaciones de canalistas, Seremi de Salud (controlan -entre otras cosas- el PH de las piscinas, y no es broma), Seremi de Transportes, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Dirección de Aeronáutica Civil, Conaf y Unidad de Control del Tránsito.
Por otra parte, dentro de las normativas urbanas y técnicas que se deben observar están: Ley de aportes al espacio público; modificaciones a las Ordenanzas Generales de Urbanismo y Construcción; ordenanzas relativas al Covid; validez de incentivos en normas urbanísticas; gestión del plan de Emergencia Habitacional; planes reguladores; aspectos ambientales en general; normativa urbana y técnica (27 circulares desde el 2021); Ley de aporte al espacio público; Ley de Humedales Urbanos; Ley de financiamiento (CEEC); nueva Ley de copropiedad; cambios de criterios de evaluación del SEIA (son habituales y sorpresivos); decretos del Minvu que regulan los diferentes programas de viviendas (DS01, DS49, y DS19).
Lindo resumen, ¿cierto? Y no estoy seguro de que la lista sea completa. Esto -la “permisología” y tramitaciones- pueden tomar años. Años en que se deben financiar sitios, cuidarlos, vigilarlos y pagar gastos generales de la empresa. Y mientras tanto, decenas (o centenas: aún no lo sabemos) de fundaciones truchas o semitruchas obtienen miles de millones en un abrir y cerrar de ojos.
Ciertamente “el chancho está mal pelado”.
Por César Barros, economista
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