Luego de pedir ayuda por más de dos semanas sin recibir atención médica apropiada, Adriana Palacios dio a luz a su hija sin vida. Como si su pérdida no fuera suficiente, fue reprendida por quejarse e increpada por el personal de salud por reclamar la atención que merecía. “¿No te gustó hacerlo? Aguántate ahora”, “Esta grita más que cuándo lo hizo”. Ejemplos del trato vejatorio que muchas mujeres reciben cuando su salud y sentir deberían estar al centro de las preocupaciones médicas. Se nos denigra, se nos oculta información, se nos agrede, somos culpabilizadas y hasta asesinadas.
Ocho de cada diez mujeres en Chile, aseguran haber sido víctimas de violencia gineco-obstétrica. Una cultura de abuso soterrada, normalizada e institucionalizada.
Con la reciente promulgación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género, el Estado de Chile admitió la existencia de la violencia gineco-obstétrica, esa que a tantos les cuesta entender, incluidos médicos y personal de salud que se niegan a reconocerla, ya sea porque les conviene seguir programando cesáreas innecesarias, ya que reditúa mayores beneficios económicos, porque se resisten a modernizar procedimientos, o porque cubren negligencias con una malentendida lealtad profesional. Como dato, la tasa actual de cesáreas en Chile es una de las más altas del mundo; casi un 60%.
La Ley Integral Contra la Violencia de Género debe establecer los deberes de los distintos órganos del Estado para enfrentar la violencia física, psicológica, sexual, económica y gineco-obstétrica contra las mujeres y por eso, no puede separarse de los proyectos de ley orientados a asegurar que no sea solo letra muerta. El proyecto de Ley Adriana, específicamente, establece derechos de la gestación, preparto, parto, post parto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado, a la espera que el Ejecutivo le ponga urgencia y el piso necesario para avanzar.
No se trata de una ley únicamente punitiva; se trata de cambiar el paradigma de la forma de nacer en nuestro país. Una deuda pendiente con las mujeres y los recién nacidos, que faltó en la Cuenta Pública de este año y que miles esperamos pueda concretarse bajo esta administración, que ha manifestado su compromiso con las luchas y derechos de las mujeres.
La sociedad científica, médica y civil involucrada hace más de siete años en la elaboración de este texto normativo, reconoce lo esfuerzos del Ministerio de La Mujer y Género, pero advierte resistencia desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Presupuesto a gestionar un informe financiero, para materializarlo.
Alrededor de 600 niñas y niños nacen en Chile diariamente, pero no todos en igualdad de condiciones. Porque la forma de nacer sí importa, seguimos esperando patrocinio de nuestro gobierno; el primer gobierno feminista en Chile.
Por Claudia Mix, diputada
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