Las condiciones materiales de las personas, sus familias y, a la postre, de los países, marcan los resultados de las elecciones. Si la economía no acompaña a las personas, estas no seguirán a los gobernantes. Cuando el futuro no se ve próspero, nacen los incentivos para que las personas depositen su fe en liderazgos mesiánicos, aun cuando lo prometido tenga un alto costo.
Los riesgos de las fórmulas de prosperidad cuasimágicas, pero que dan la espalda a la democracia constitucional y a los derechos humanos, son patentes en Chile y en el mundo. Por años, muchos defendieron la dictadura chilena indicando que el crecimiento económico morigeraba o justificaba la brutalidad de las violaciones a los derechos humanos o la ausencia total de democracia bajo un régimen militar autoritario. Inclusive, el peso específico de las condiciones materiales puede haber sido un factor importante en la pérdida de adhesión de algunos al régimen, pues su caída coincide con altos índices de pobreza posteriores a la crisis económica del 81. La añoranza de la década de los 90 habitualmente también está anclada, entre otras virtudes, al ritmo de crecimiento económico del país.
Hoy, en otras latitudes, la promesa de un futuro mejor, ya sea uno donde reine la libertad a toda costa o bien que un país vuelva ser fantástico, se erige sobre la apuesta a una bonanza económica que justifique actos deleznables. Discursos y acciones donde se busca precarizar condiciones laborales, discriminar a mujeres, humillar y criminalizar a personas de la comunidad LGTBIQ+, migrantes y población afrodescendiente o, abiertamente, desconocer el estado de derecho, entendido como límite a la arbitrariedad en el ejercicio del poder, se escudan en el crecimiento económico como una fuente de legitimidad.
¿Puede sostenerse en el tiempo un crecimiento económico a costa de la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho? Históricamente, esta propuesta ha terminado en tragedia, dolor y retroceso. La democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos son una triada virtuosa que acompaña un anhelo muy distinto al prometido por este tipo de liderazgos: el desarrollo.
Para Naciones Unidas, “el desarrollo es una empresa multidimensional para lograr una mejor calidad de vida para todos los pueblos. El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medioambiente son componentes del desarrollo sostenible que tienen una relación de interdependencia y se refuerzan recíprocamente”. Nadie duda acerca de la importancia del crecimiento económico, pero no basta para prosperar como sociedad. Apostar a un crecimiento sin distribución de sus beneficios que se anquilosa en un sistema de jerarquías sociales donde campea la xenofobia, el racismo, la homofobia y el machismo, difícilmente puede ser sostenible. El momento presente obliga a un análisis detenido acerca de qué es lo que realmente ofrecen los liderazgos políticos que aspiran a dirigir nuestro país y si buscan realmente el desarrollo de todos.
Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado
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