Cada elección o plebiscito es una invitación a que la ciudadanía manifieste su posición respecto a quién debe ocupar un determinado cargo o cómo debe procederse en una determinada materia. Este método democrático en el que cada persona tiene un voto que es equivalente al del otro y que se ejerce sin necesidad de justificación, no implica asumir que quienes escogieron una determinada preferencia lo hicieron por una razón similar.
En una sociedad moralmente plural existen tantos motivos para adoptar una posición como personas. Más aún, es posible que se adopte una misma decisión sosteniendo motivaciones incluso opuestas, lo que en la filosofía política denomina “consensos superpuestos”. Prueba de ello es el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en el que quienes habían apoyado la dictadura militar y la mantención de la Constitución de 1980 coincidieron con detractores de ambas que no estaban conformes con la propuesta de nueva Constitución.
Los resultados de un plebiscito deben ser interpretados sin asumir de estos una única preferencia o mandato prístino de parte de la ciudadanía. La natural inclinación de los ganadores de un plebiscito de asumir a priori que los electores han votado porque están de acuerdo con ellos, es una pulsión que conduce a verdaderos espejismos y cajas de resonancia para los vencedores. Concretamente, considerando la magnitud de personas que participaron en el plebiscito del 4 de septiembre y la pluralidad de motivos para rechazar, homologar el resultado del plebiscito a una ratificación mayoritaria a la Constitución del 80 supone desconocer la realidad del país y de los sucesos políticos, económicos y sociales de los últimos 10 años. Más aún, rigidiza en extremo el diálogo y los posibles acuerdos. Pareciera que esta es la ilusión que embriagó a los sectores hegemónicos de la Convención Constitucional que interpretaron el 80% de la opción Apruebo de entrada como una adhesión a una determinada visión de la sociedad. No estamos ante un movimiento pendular donde el 20% que estuvo por rechazar un proceso constituyente, ahora se transformó en un 62%.
Los partidos políticos deben dejar de asumir su posición como la única verdad posible y de calificar a los otros como traidores o ineptos. Urge contar con sobriedad y pragmatismo en la definición de los principios, bordes y el mecanismo para la generación de una nueva Constitución. Rescatar aquello que fue positivo de la Convención Constitucional, como los límites del capítulo XV, la paridad y el voto obligatorio, garantizar aquello que sembró dudas, como la división de poderes del Estado, pero dejar abierta la discusión sustantiva, sin pecar de maximalismos ni rigideces. Este debiera ser uno de los aprendizajes forzosos del proceso constituyente que marcó el estallido social, porque encontrar soluciones razonables y superarlo de forma conjunta es una necesidad apremiante.
Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Alberto Hurtado
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