Las enmiendas a la propuesta de texto constitucional de la oposición, especialmente las del Partido Republicano, son fiel reflejo de sus más íntimas convicciones para su más leal electorado. Tristemente, esta afirmación identitaria excluye otras miradas y cierne la posibilidad de que se proponga, nuevamente, un texto desbalanceado que no convoque a las mayorías, divida y aumente la polarización.
La Constitución ordena la vida política y la producción de normas, las que serán válidas si se producen conforme con el procedimiento que fija y mientras no la contradigan. De aprobarse las propuestas de la oposición, consensos que datan de 1989, otros más recientes y buena parte de la agenda de la centroizquierda estarán fuera de los márgenes de lo constitucionalmente posible. En cuanto a consensos, por ejemplo, están las enmiendas que suprimen el rol de los tratados de derechos humanos como límites al ejercicio de la soberanía y lo reemplazan por una jerarquía infraconstitucional. Los tratados de derechos humanos han sido vitales para juzgar los crímenes de la dictadura y en avances tales como la eliminación de la censura previa, contar con un sistema de información pública o matrimonio igualitario. Algo similar ocurre con la enmienda que propone que los no nacidos son personas y la consagración constitucional de la objeción de conciencia. En caso de aprobarse esta propuesta de los republicanos, podríamos volver a un punto de criminalización absoluta, en el que una niña violada estaría forzada a ser madre, una mujer deberá mantener su embarazo incluso si el feto no sobrevive al parto o si pone en peligro su vida. Igualmente, la objeción de conciencia permitiría que las personas, sin expresión de causa, no cumplan un deber legal de cualquier tipo o entidad porque atenta contra sus convicciones, haciendo que la ley como un mandato general sea una ilusión.
La marca identitaria se encuentra también en las enmiendas al derecho a la educación, a la salud y el derecho a la seguridad social. En ellas se va incluso más allá del modelo de la Constitución vigente, que no garantiza derechos o prestaciones universales, sino que se incorpora directamente en la Constitución la indiferencia entre el Estado o un privado para la entrega de estos bienes primarios. Esta definición divide profundamente nuestra sociedad entre quienes cuentan con recursos para elegir y quienes no, segmentando económica y socialmente la educación, la salud y las pensiones. Ergo, un proyecto de ley como el que hoy se tramita respecto de pensiones -o cualquier opción de política pública distinto al modelo de las AFP e Isapres- sería, bajo esta fórmula, inconstitucional.
La propuesta de los expertos es un esfuerzo genuino de dotar al país de una Constitución para todos, pero las enmiendas avanzan en la dirección contraria. Recientemente, sectores de izquierda ejercieron irresponsablemente su hegemonía creyendo que una votación exitosa en su favor equivalía a un cambio en la balanza electoral. Ojalá este diagnóstico apresurado no se repita, pues así no se construye un futuro común.
Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.