Los relatos que nos contamos como sociedad marcan nuestra comprensión del presente, pero también cómo proyectamos el futuro. Prueba de ello es el valor constitutivo y seminal de la reconstrucción democrática de los informes de verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en la dictadura: el de Verdad y Reconciliación y el de Prisión Política y Tortura. Si bien no existe un único relato, la coincidencia en ciertos mínimos nos permiten al menos contar con un ethos que facilita el progreso y la construcción de una ética pública común -por ejemplo, nuestro compartido “Nunca más”.
¿Cuál será nuestro relato histórico acerca del estallido social del 18 de octubre de 2019? Las declaraciones recientes de políticos de oposición y oficialismo dan cuenta de que parecieran estar aún muy encima del conflicto para alcanzar la perspectiva necesaria para aquilatar lo sucedido. Tal vez esto no debiera ser una sorpresa si pensamos que la clase política fue en gran medida un actor frágil y un impotente espectador de la violencia que arreció el país, pero también de sus causas y, hasta el día de hoy, tristemente de sus soluciones. Más de un lustro ha pasado sin que exista un paso desde la atribución de culpas, sin un análisis sesudo de qué fue lo que falló y cómo nos sumergimos en un proceso de franca degradación.
Esta pregunta cobra valor a propósito del informe del PNUD de 2024 que destaca nuestra incapacidad colectiva de solucionar los conflictos sociales que arrastramos desde hace décadas. ¿O le cabe a alguien alguna duda de que nuestro sistema de pensiones debe modificarse? ¿O que debemos garantizar el acceso a una vivienda digna? Si no hemos solucionado los conflictos que subyacen a la revuelta social, que no fue política ni militar, del 2019, ¿qué nos garantiza que en unos años no veamos cómo esa rabia estalla nuevamente?
El discurso maniqueo que ha cooptado el análisis de lo sucedido el 2019 impide la construcción de diagnósticos y políticas que permitan enfrentar nuestros conflictos no resueltos y contar con soluciones sostenibles en el largo plazo. Los costos del estallido social fueron altísimos. Lo fueron para quienes perdieron sus locales comerciales, para quienes perdieron su trabajo, para las ciudades vandalizadas, para el funcionamiento del Metro, para la imagen país y la inversión extranjera. Pero más lo fueron para las personas cegadas, para las personas heridas. Los efectos en la precarización de la legitimidad de las policías y el descrédito del sistema político aún son perceptibles.
Si realmente creemos que los costos del estallido fueron altos, ¿qué esperamos para atender a sus causas y trabajar mancomunadamente en una solución? No es razonable desatender este problema encapsulando el 2019 en las páginas de las crónicas policiales. Ningún ejercicio de falsa conciencia puede ocultar la magnitud de la grieta que dejó entrever la violencia. La fractura, entonces, sigue expuesta.
Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado
