Columna de Claudia Sarmiento: Por favor, no otra vez

En octubre de 2019 la convocatoria a evadir el pago del pasaje de Metro fue la antesala de protestas populares, muchas tremendamente violentas, otras pacíficas y multitudinarias a lo largo del país; también de saqueos, destrozos y un sinfín de delitos. El potencial desestabilizador fue percibido por todos y era evidente que nuestra clase política estaba perpleja frente a acciones que no tenían un interlocutor claro y un único petitorio al cual responder.

Las causas y responsabilidades del denominado estallido exceden este espacio, pero era evidente el descontento generalizado con la clase política y su manejo de temas de largo aliento, como pensiones, educación, salud, vivienda y discriminación contra las mujeres y pueblos indígenas, entre otros.

La respuesta estuvo en el acuerdo para la paz y la nueva Constitución, que buscó dotarnos de un nuevo pacto social de legitimidad indubitada capaz de habilitar mejores respuestas a las necesidades sociales y ciudadanas. Cuatro años después, ¿se ha cumplido este objetivo? No; ¿han cambiado las demandas sociales que había que atender? Tampoco.

El fracaso estrepitoso y previsible del proceso de la Convención Constitucional dejó lecciones que debieron servirnos a todos y que explican porqué el Congreso mandató a una comisión de expertos y expertas representativos de su integración para redactar un anteproyecto a partir de 12 bases predefinidas. Los seleccionados produjeron un texto que maximizó los mínimos comunes y cumplía con habilitar el debate democrático. Lo imposible se volvía posible.

Lo honestamente desmoralizante es que el Consejo Constitucional, que cuenta con una hegemonía indubitada del Partido Republicano y el conglomerado Chile Vamos, esté recreando los errores de la Convención, y su indolencia y contumacia ante las críticas. Votaciones de madrugada de enmiendas improvisadas y técnicamente defectuosas, la exclusión sistemática de la minoría y la amputación de su mirada del texto constitucional, la imposición de una ideología identitaria que hipertrofia la religión al punto de hacer tambalear la noción de generalidad y obligatoriedad de la ley o que profundiza el orden público económico neoliberal arriesgando la viabilidad de un Estado social de derecho, la inclusión de temáticas para hacer inconstitucionales leyes vigentes (aborto en tres causales o la legislación que limita la jurisdicción militar) o constitucionalizar debates legislativos (la exención de contribuciones de viviendas y la constitucionalización de la forma de provisión de los derechos sociales a la salud, la pensión y la educación).

Las oportunidades de un país de prosperar no son infinitas, más aún si los problemas y fantasmas del pasado no se solucionan. Las enmiendas aprobadas por las fuerzas hegemónicas de este proceso, están pavimentando un nuevo fracaso. Por favor, no otra vez.

Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado