Las expertas/os que el 6 de marzo comienzan a trabajar en la propuesta constitucional combinan trayectoria académica y experiencia política o profesional, además de adherir a una tradición ideológica que aspira a plasmar en la Constitución la impronta de su visión de país, lo que determinará qué propuestas someterán a la discusión y cuál será el contenido del texto que se someterá al escrutinio del Consejo Constitucional.
Un elemento que nos permite anticipar esta discusión es la organización del debate en las subcomisiones contempladas en su reglamento: sistema político, reforma constitucional y forma de Estado, función jurisdiccional y órganos autónomos, principios, derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A partir de estas materias se responderán preguntas relativas a cómo se administra el poder, a qué tenemos derecho, quién dirime los conflictos, y así otras inquietudes de similar relevancia. Y aunque nada es lo mismo, todo se parece; e históricamente el constitucionalismo chileno y comparado ha ofrecido más de una propuesta.
La más inmediata y cuestionada por su ilegitimidad de origen y diagnóstico compartido, en cuanto a que no goza de la adhesión necesaria para seguir estructurando nuestra vida republicana, es la Constitución de 1980. No obstante, es previsible que la subsidiariedad del Estado, el presidencialismo reforzado o la limitación de la extensión del reconocimiento constitucional de los derechos sociales sean reivindicados por sectores de la derecha. Otra fuente para este trabajo puede ser la Constitución de 1925, que permitió una activa participación del Estado en la provisión directa de derechos sociales, y que no contemplaba las limitaciones a la participación política de los grupos intermedios, como sindicatos, que están presentes en la Constitución de 1980. No es de extrañar, entonces, que los sectores de izquierda reivindiquen parte de la tradición constitucional que quedó truncada hace 50 años con el golpe de Estado.
Por supuesto, el insumo más controvertido a considerar será la propuesta de Constitución realizada por la Convención Constitucional. Su amplio rechazo es innegable, pero así también el que abordó demandas vigentes, como son los requerimientos de mayor autonomía e igualdad sustantiva, la existencia y acceso no condicionados totalmente a la capacidad de ingreso de las personas a derechos sociales como salud, educación y previsión social, o el respeto a la naturaleza y su balance, con la evidente necesidad de procurar un crecimiento económico sostenible y sustentable. Las propuestas de la Convención sobre estas y otras materias no deben desatenderse, sino ponderarse en su justa medida y ofrecer soluciones normativas que habiliten un debate legislativo ulterior.
Teniendo esta perspectiva presente, la Comisión tiene el desafío de proponer una Constitución donde conviva el respeto a la tradición y la mantención de aquello que funciona, con la necesidad de cambio y el encuentro entre nuestros distintos anhelos.
Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional UAH
