Ningún sistema permite asegurar, por sí solo, la estabilidad política, pues siempre influyen en uno u otro sentido los comportamientos de ciudadanos y autoridades. Pero tan absurdo como negar esa realidad sería creer que los diseños institucionales carecen de toda relevancia al configurar la vida común.
Por eso se equivocan aquellas voces que, a la derecha de JAK, promueven el “En contra”, arguyendo que las soluciones a nuestros problemas solo dependen de la voluntad de los dirigentes políticos (de “la casta”). Con o sin mala fe, ignoran que en nuestra crisis han incidido no solo el cortoplacismo y la mezquindad -los que sin duda han existido-, sino también los dañinos efectos de las reformas políticas de la última década.
La primera de dichas reformas fue el voto voluntario, aplaudido en su minuto por la mayoría de las élites partidarias (un “gigantesco paso”, dijo el expresidente Piñera). Y la segunda fue el sistema electoral proporcional, al cual se atribuyó un carácter casi sacro por el solo hecho de sepultar el arcaico binominal. Se devolvería “a cada ciudadano el poder real de su voto”, auguraba una entusiasta expresidenta Bachelet.
No obstante, el voto voluntario trajo consigo -tal como advertían las pocas voces críticas al momento de aprobarse- una menor participación electoral de los sectores populares. Por su parte, el nuevo sistema proporcional favoreció la atomización y fragmentación política. Combinadas, dichas reformas atentaron no solo contra la gobernabilidad del Congreso y del país, sino también contra la capacidad de canalizar las inquietudes de las grandes mayorías. Se olvidó que el sistema político en su conjunto debe lograr ser representativo. Hoy la brecha entre política y sociedad es evidente, y en ello influyó el cuadro descrito.
El texto que se plebiscitará en diciembre responde a ese diagnóstico y al aprendizaje que ha dejado el largo debate constitucional. Por de pronto, respeta la tradición chilena en este plano, a diferencia del proyecto de la Convención. Así, articula el sistema político en torno al arraigado presidencialismo y al Congreso bicameral. Además, consolida la obligatoriedad del voto, cuya importancia quedó de manifiesto el 4 de septiembre de 2022. Y si bien mantiene el sistema proporcional -una apuesta discutible, pero razonable dado el carácter multipartidista del país-, se introducen herramientas que ayudan a corregir o atenuar los problemas actuales, tal como han subrayado Arturo Fontaine y Kenneth Bunker (entre otros).
Entre ellas destacan el umbral mínimo de representación parlamentaria, un redistritaje donde el Servel jugará un lugar protagónico y la disminución de escaños en el Congreso. Más allá de que se perdieron otras ideas valiosas (como trasladar la elección parlamentaria a la fecha del balotaje presidencial), el conjunto de mecanismos incorporados contribuye a disminuir la fragmentación imperante.
Si además recordamos que se aumenta el quórum de reforma constitucional a 3/5 (hoy está en 4/7, muy bajo a nivel global), parece difícil negar que se trata de un avance en términos de estabilidad. Por lo demás, en caso de ser ratificado por el electorado, estaríamos en presencia de un texto originado, discutido y aprobado en democracia. Con ello la idea del reemplazo constitucional perdería toda plausibilidad hacia el futuro. Esa quizá sea la certeza más relevante para el país.
Por Claudio Alvarado R., director ejecutivo Instituto de Estudios de la Sociedad
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