Columna de Claudio Castillo: Familias de acogida como pilar de la protección especializada a la niñez y adolescencia

La Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Chile en 1990, señala que los niños, niñas y adolescentes deben crecer en el seno de una familia que les provea un ambiente de felicidad, amor y comprensión para el desarrollo pleno y armonioso de su proyecto de vida. Esta visión forma parte también de la Constitución Política de nuestro país, en tanto la familia es el núcleo fundamental de la sociedad chilena, siendo el Estado el responsable y principal garante de protegerla y propender a su fortalecimiento.

También es obligación del Estado brindar protección especial a los niños, niñas y adolescentes que han sido privados de su medio familiar, por orden de un tribunal en virtud de graves vulneraciones a sus derechos. Es allí donde la acción del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia cobra sustantiva relevancia, ya que se trata de una medida de protección excepcional, esencialmente transitoria y periódicamente revisable, donde se priorizará la provisión de un acogimiento de tipo familiar. Si en 2007 uno de cada diez niños que estaban en cuidados alternativos lo hacía en una familia de acogida, hoy son seis de cada diez. Es un avance importante, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en niños y niñas entre 0 y 3 años de edad: más de 600 se encuentran en residencias.

Los tratados internacionales, la Carta Fundamental y las propias leyes que nos rigen ponen como prioridad fortalecer a las familias, y en nuestro caso el acogimiento familiar, con foco en primera infancia y especialización. Sin embargo, no es posible hacerlo solos; se requiere de un esfuerzo mancomunado y permanente de la sociedad en su conjunto. Asumimos la responsabilidad de articular voluntades, y por ello hemos convocado a un grupo asesor de alto nivel, cuyo fin será generar recomendaciones al actual modelo de familias de acogida. Su carácter participativo enriquecerá esta política pública con las diversas opiniones, perspectivas, evidencia y experiencias de destacados referentes del área de infancia y adolescencia en nuestro país, para que las decisiones que se adopten respondan de manera efectiva a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo.

Tenemos conciencia de que implementar mejoras al modelo de cuidado alternativo mediante las familias de acogida no es una tarea fácil, sobre todo cuando supone una estrategia interinstitucional que se proyecte como una política de Estado y con una amplia colaboración público-privada. Avanzar hacia esa dirección fortalecerá un pilar de la protección de la niñez y adolescencia vulnerada, en coherencia con la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos y la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya ratificación ocurrió hace casi 35 años.

Por Claudio Castillo, director del Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia