Columna de Colombina Schaeffer y Josefina Correa: Un signo de la crisis institucional
Sin duda, las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre pasado quedarán marcadas en la memoria por la enorme magnitud de casos de corrupción que conocimos durante las semanas previas a acudir a las urnas. En un acontecimiento inédito en la historia política chilena, y tras solo dos días de las elecciones regionales y municipales, un ex fiscal, Manuel Guerra, recibe una querella criminal por delitos de soborno y cohecho, una ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, es destituida por sus pares e investigada penalmente por delitos de tráfico de influencias y un gobernador en ejercicio, Luciano Rivas por la región de La Araucanía, es imputado por el delito de fraude al Fisco.
En la 34° edición de la encuesta Claves Ipsos, el 75% de encuestados consideró que el nivel de corrupción que hay en el país es alto, mientras que las municipalidades ocupan el tercer lugar, detrás de los partidos políticos y el Congreso, como la institución más asociada a este tipo de delitos. Con ese telón de fondo, varios de los alcaldes que asumieron, tampoco se salvan de haber participado de lamentables hechos que vulneran los estándares de transparencia y probidad que necesita el Estado para mantener la confianza ciudadana en sus instituciones y su correcto funcionamiento. Entre las alcaldesas y alcaldes que asumieron en sus nuevas funciones, se encuentran varios imputados por delitos de corrupción, que por diversas circunstancias territoriales y electorales en cada comuna, han vuelto a ser electos por la ciudadanía.
En concreto, existen casos de autoridades comunales que llegan a conseguir más del 50% de los votos, un considerable apoyo electoral en una elección no plebiscitaria, a pesar de haber sido condenados por delitos de corrupción. Es el caso de Boris Chamorro, militante del PS y alcalde reelecto en su tercer mandato en Coronel con el 52,8% de los votos y que ha sido imputado por el delito de soborno y cohecho. También es el caso de Miguel Araya Lobos, militante UDI y alcalde reelecto en Buin con el 50,15% de los votos e imputado por fraude al Fisco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el cual también consigue reelegirse por su tercer periodo consecutivo.
Incluso, existen casos de alcaldes que han recibido medidas cautelares más gravosas por parte de tribunales mientras son investigados y que también han logrado su reelección con un amplio apoyo electoral. Es el emblemático caso de Mario Meza en Linares, militante RN que cumple activamente con arresto domiciliario nocturno mientras es investigado por fraude al Fisco y que en las pasadas elecciones obtuvo nada más ni nada menos que el 44,8% de los votos.
Estos resultados responden a una multiplicidad de factores, entre los cuales está una legislación electoral débil, que permite la postulación al máximo cargo comunal mientras no exista una condena efectiva en contra del candidato, pero también la conducta éticamente reprochable de partidos políticos como RN, la UDI o el PS, que audazmente inscriben dichas candidaturas en un gesto de apoyo implícito a sus militantes investigados por la justicia. Y además, la existencia de campañas políticas que activamente omiten la información sobre estos presuntos delitos de corrupción hacia la ciudadanía, o que niegan insistentemente estos delitos ante la espera de largos procesos judiciales de investigación. Ante este difícil escenario, las alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales que asumieron en funciones este período, tendrán un desafío importante en relación a la probidad. No solo para exigir el cumplimiento de las normas anticorrupción vigentes en cada municipio, sino que para proveer a la ciudadanía de información rigurosa sobre los hechos de corrupción investigados y sancionados por la justicia para que en el futuro, y tras el primer sentimiento colectivo de indignación, se juzgue de mejor manera en las urnas quién merece el apoyo popular.
Por Colombina Schaeffer, directora ejecutiva subrogante de Ciudadanía Inteligente, y Josefina Correa, encargada de incidencia en Ciudadanía Inteligente
