Columna de Cristián Larroulet y John Henríquez: Para que Chile progrese
Chile está en su peor momento económico de las últimas décadas y al oficialismo pareciera importarle poco. Las cifras e indicadores son elocuentes, y entre las personas -obviamente- reina el pesimismo.
Es un hecho que este año no creceremos. Una debacle si consideramos que, en los últimos 35 años, solo decrecimos en 1999 y en 2009. Además, nuestro mercado de capitales ha perdido profundidad, el peso chileno ha caído más frente al dólar que las monedas de otros países de la región, el mercado laboral está profundamente deteriorado, y nuestra capacidad de crecer sigue disminuyendo.
Las expectativas, claves en las decisiones de los agentes económicos, también están deterioradas. La encuesta CEP no solo señala que las personas creen que el momento actual es negativo -el 87% señala que Chile está en decadencia o estancado-, sino que estiman que el futuro económico será todavía más sombrío: 4 de cada 10 consultados cree que empeorará.
Las causas de este complejo momento son múltiples: reformas que lesionaron los incentivos a emprender (reformas tributaria y laboral de la expresidenta Bachelet), un gobierno que insiste en políticas públicas que afectan el crecimiento, el salto al vacío que nos propuso la Convención Constitucional que cambió la visión que los inversionistas tenían de Chile, la falta de acuerdos políticos que permitan destrabar las reformas pro crecimiento y cohesión social que necesitamos, y la incertidumbre que persiste por un debate constitucional que pareciera nunca acabar.
Ad portas del plebiscito del 17/12, cabe preguntarse si la propuesta del Consejo Constitucional podrá contribuir a revertir el actual escenario. La respuesta depende de si las normas propuestas -especialmente las que regulan el sistema político y el orden público económico- fomentan los acuerdos y el crecimiento, y de si su eventual aprobación permitiría -o no- reducir la incertidumbre.
A nivel de contenidos, la propuesta contribuye a resolver nuestro problema de gobernabilidad, combatiendo la fragmentación a través de la incorporación del umbral y del redistritaje. Conserva -y refuerza- la autonomía del Banco Central y mantiene aspectos que han permitido un uso responsable de la política fiscal, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materias tributarias, previsionales y en los proyectos que irrogan gasto fiscal. Además, avanza decididamente en mejorar la calidad de las políticas públicas y en la modernización del Estado.
La incertidumbre, en tanto, puede ser mitigada si se impone la opción “A favor”. Ello porque la izquierda ha dicho que insistirá -no sabemos cuándo- en reemplazar la Constitución y porque la Carta vigente quedó debilitada tras la reforma que rebajó sus quórums de reforma, y el de las leyes orgánicas constitucionales.
En suma, aprobar la propuesta del Consejo -que tiene un origen democrático y normas bien orientadas- permitiría acabar finalmente con una de las causas de nuestro estancamiento: la incertidumbre constitucional.
Por Cristián Larroulet y John Henríquez, académicos, Universidad del Desarrollo
