“Los vamos a buscar por cielo, mar y tierra, y van a enfrentar a la justicia y el derecho”, afirmó el Presidente Boric a pocas horas de conocerse el asesinato de tres carabineros en Cañete. No es primera vez que el Presidente ocupa esa frase, sino que lo ha hecho en repetidas oportunidades a lo largo de su mandato cada vez que funcionarios de Carabineros, de la PDI o incluso civiles han sido trágicamente asesinados.
En muchos casos la promesa se ha cumplido y los responsables de estos crímenes han sido capturados. El más reciente, fue el supuesto asesino del teniente Emmanuel Sánchez, quien fue asesinado el 11 de abril pasado. A los pocos días del hecho y en el contexto de una operación que contó con la coordinación y la colaboración internacional, el supuesto victimario fue detenido en Colombia, a pocas horas de su eventual regreso a Venezuela, buscando impunidad.
Pero en el caso de los asesinos de los carabineros Cisternas, Vidal y Arévalo, poco o nada se sabe. A más de 10 días de ocurrida la masacre, los asesinos siguen sin ser identificados ni menos capturados, y a medida que pasan las horas, la probabilidad de que la impunidad le gane a la justicia aumenta.
La noticia dejó de estar en primera plana. Si a los pocos días, la confesión presidencial sobre el perro “Matapacos” y las discusiones legislativas sobre la agenda legislativa coparon la pauta de medios, hoy las consecuencias del temporal que afectó a Santiago ayer y las definiciones en la comisión mixta sobre la situación de las Isapres se llevan los titulares. Al parecer, como país, ya no nos conmovemos lo suficiente con el asesinato de un policía ni menos en las circunstancias en que fueron asesinados, y posteriormente quemados, tres de ellos.
La crisis de seguridad es parte de nuestras vidas y la normalización de hechos brutalmente violentos, parte de esa lógica perversa. En cualquier país razonable del mundo, el asesinato de tres policías habría paralizado al país completo y habrían obligado al gobierno a crear un equipo especial que encabezara la operación de captura –por cielo, mar y tierra– de estos criminales. Los canales de televisión tendrían equipos apostados y los matinales difundirían cada uno de los avances y pistas que permitieran dar luces sobre los prófugos de la justicia, estrechando el cerco sobre los criminales. La tinta de los medios impresos se habría agotado entre tanto editorial y columna refiriéndose al hecho.
Pero no en nuestro país. En Chile ya nos acostumbramos a la violencia, y el horror y estupor inicial, son reemplazados por la noticia siguiente y en política, el show debe continuar. Mientras tanto, las viudas y familiares de los carabineros asesinados seguirán viviendo su duelo y el Ministerio Público haciendo su difícil trabajo con el mayor de los esfuerzos, por encontrar alguna pista que permita encontrar a los culpables de este crimen.
Espero, sinceramente, que los asesinos de Carlos, Misael y Sergio sigan en Chile y que el equipo del fiscal Garrido tenga la capacidad y la habilidad para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Pero lo que más deseo, es que los chilenos no sigan normalizando estos actos de barbarie que perpetran terroristas y bandas de crimen organizado, y que nos siga doliendo y conmoviendo cada asesinato de un funcionario de Carabineros o de un civil que es víctima de estos crímenes violentos.
Los chilenos tenemos derecho a vivir en un país seguro y tranquilo, donde no sea necesario que el Presidente de la República, de cuando en cuando, tenga que volver a comprometerse a buscar a los asesinos de un chileno por cielo, mar y tierra.
